Otra vez nos encontramos al borde del abismo y son tantas que la memoria no las registra pero... la voluntad está harta. Individualmente, la mayoría de los ciudadanos pensamos que la clase política no puede seguir viviendo a costa de los que trabajan. Sin embargo algo nos está fallando porque en el comportamiento como sociedad demostramos una increíble capacidad de soportar afrentas sin rebelarnos. Han pasado quince meses del nuevo gobierno, hemos soportado impuestazos, ajustes y blindaje, pero todo ha sido en vano y nuevamente nos enfrentamos con otro ajuste y la irritante actitud de políticos que nada aprenden, que siguen hablando de lo que no entienden, que saben destruir pero no gobernar y que objetivamente se comportan como depredadores de nuestro esfuerzo.
Dos semanas atrás Machinea descubrió que le era imposible dirigir el ministerio haciendo concesiones a todo el gabinete, anunciando pronósticos irreales, ocultando los problemas y dibujando los números presupuestarios para conformar al FMI. Queda una duda que no puede develarse y es saber si Fernando de la Rúa conocía verdaderamente lo que estaba sucediendo o si también fue sorprendido por los datos de la realidad al caer su ministro. Cuando ya no pudo tapar el sol con una mano, presentó la renuncia y empujó al presidente a recurrir a la fuerte personalidad de López Murphy para que intente el salvataje de un naufragio inminente. Es posible imaginar la amargura presidencial, al considerarse engañado por sus propios funcionarios sin advertir que él mismo tiene tomar la iniciativa, dar órdenes precisas, exigir resultados, sancionar fracasos, despedir a los ineptos, involucrarse en los problemas y adoptar un juicio crítico de todo cuanto le presenta su entorno. Ahora con el nuevo ministro, ambos tienen que tomar el toro por las astas y llevar adelante un plan muy duro para asegurar la sobrevivencia política del propio gobierno: decidir en cuánto, dónde y cómo ajustar los gastos del Estado para que se reanime la economía y salirse de esta depresión crónica que cubre el país como una nube tóxica. En el empeño tendrán que enfrentar la oposición histérica de los políticos prebendarios.
Medidas anunciadas y omitidas
Con el propósito de digerir el impacto, el viernes por la noche López Murphy anunció su plan. Consiste en medidas escalonadas en distintos horizontes de tiempo.
u Las de corto plazo: reducción de fondos universitarios especialmente al rectorado de la UBA, eliminación de pensiones graciables, suspensión del incentivo docente transferido a las provincias, reducción de aportes del tesoro del Tesoro (ATN) y de fondos del Fonavi también a las provincias, suspensión de los subsidios a las naftas patagónicas y fondo tabacalero, intervención y reingeniería en la Afip, Ansés y Pami y retiros voluntarios para la administración central. Con todo esto piensa ajustar los 2.000 millones y cumplir con las metas prometidas a los organismos internacionales.
u Las de mediano plazo: generalización del IVA a todo el mundo y para todos los servicios, eliminación de las promociones industriales, impuesto a las ganancias para fundaciones y entidades sin fines de lucro, reforma administrativa del Estado nacional, presupuesto base cero para el año 2002, ventas de terrenos, edificios estatales y acciones de empresas privatizadas. Con todo esto piensa ajustar otros 6.000 millones.
Después del anuncio no habrá más remedio que soportar las medidas, pero curiosamente en el plan no aparece ni una sola línea para aplicar cirugía al poder político: eliminación de organismos constitucionales de control que no han demostrado ser útiles, disolución de ministerios disfuncionales como Justicia, Educación, Salud Pública y Jefatura de gabinete, cancelación de contratos a consultores, asesores, ñoquis y "chapas", anulación de jubilaciones de privilegio, reducción del número de diputados, senadores y concejales, limitación del número de empleos públicos provinciales y municipales al 0,5% de la población que no tiene cargos públicos, topes máximos para los sueldos públicos incluyendo ingresos por cualquier concepto, reingeniería del Poder Judicial y mayor número de horas de trabajo en la Justicia y extensión de impuestos directos a los ministros, secretarios, legisladores, jueces y cuanto funcionario tenga privilegios que la gente no tiene. Podría señalarse que para actuar así es necesaria una reforma constitucional, pero acaso dos personas en soledad, con el pacto de Olivos, ¿no nos encajaron la reforma de 1994 que aseguraba la reelección de uno de ellos y permitía la posibilidad de que el otro se convierta en primer ministro?
Debilidades
Las medidas económicas anunciadas el viernes último por López Murphy presentan un flanco débil si rápidamente el ministro no cuenta con un marco jurídico para poner en caja a todos los que vayan a sabotearle el plan. Parte de esta debilidad ya debe haberla experimentado cuando en el seno del gabinete se entabló un feroz debate porque ningún ministro quería ajustar lo suyo y todos quieren que el otro se apriete el cinturón. Para asegurarse la efectividad de este ajuste el Ministro de Economía debe comprender que enfrente suyo tiene alrededor de 29.740 funcionarios con facultades legales para gastar dinero sin que tengan responsabilidades por los resultados de su gestión y tan sólo responden por la legalidad de los procedimientos aplicados, aunque hayan derrochado el dinero. De esta manera, exigir austeridad a quienes tienen el derecho administrativo de ser pródigos parece una lucha perdida antes de iniciada y éste es el flanco débil que debe cubrirse con leyes o decretos de necesidad y urgencia que impidan por ejemplo: que los legisladores voten presupuestos con déficit porque este déficit es una autorización para crear falsos títulos de crédito y ello tiene que ser castigado igual que la falsificación de moneda; que un ministro, secretario de estado, gobernador, intendente o director de repartición autoricen mayores gastos e incurran en déficit de ejecución con lo que obligan a toda la administración a concurrir en ayuda para cubrir el déficit generado por inoperancia, ineptitud o mala fe; que sectores o grupos sociales reivindiquen presuntos derechos adquiridos mediante recursos judiciales de amparo que paralizan la gestión del Estado y constituyen lo que se llama "la máquina de impedir".
Para tener probabilidades de éxito en este empeño, el ministro debería contar con una estrategia legal para desmantelar esta telaraña mediante leyes como la ley de bancarrota del Estado, la ley de responsabilidad penal y patrimonial solidaria de los funcionarios y la ley que obligue la rendición de cuentas de la gestión administrativa. Si este marco legal no se establece simultáneamente con las medidas económicas, se corre el riesgo de que los propios funcionarios que lleven a cabo el ajuste terminen siendo llevados a los tribunales.
Pero la sociedad no aguanta más depredaciones y esta vez si el Estado nacional no se ajusta a sí mismo en 11.562 millones, si las provincias no recortan 4.000 millones y si los municipios más grandes no bajan el gasto en 1.000 millones será muy difícil volver a crecer. Con un ajuste en serio, Argentina dejaría de endeudarse y comenzaría a cancelar deuda pública. Lo que realmente se necesita para despertar la confianza y el entusiasmo de la sociedad es un acto de grandeza: la decisión de abjurar de la vergüenza política que significa vivir permanentemente con déficit, convertidos en pedigüeños internacionales. Para financiar este cambio estructural de Argentina hasta podríamos pedir autorización al FMI y utilizar gran parte del blindaje que se mantiene inactivo. Por otro lado, una audaz maniobra de retorno de capitales con garantía de depósitos "back-to-back" en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, Suiza, podría asegurar el financiamiento privado de los propios argentinos a este cambio estructural y en pocos años experimentaríamos una recuperación idéntica a la sucedida en países como España, Italia e Irlanda. Ahora, como decían los antiguos romanos: "la suerte está echada".
La Ciudad
