Año CXXXIV
 Nº 49.056
Rosario,
miércoles  14 de
marzo de 2001
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Aunque saldrá en libertad bajo fianza Pinochet será fichado por la policía
Al ex dictador lo fotografiarán de frente y de perfil, y tendrá que estampar sus huellas digitales en una ficha

Santiago. - El general Augusto Pinochet, procesado como encubridor de 75 homicidios, deberá aceptar lo que seguramente nadie jamás pensó: ser fotografiado de frente y de perfil y estampar sus huellas digitales en una ficha policial. Aunque Pinochet espera salir en libertad bajo fianza en las próximas horas, no podrá eludir el trámite de fichaje policial, que "es obligatorio para todos los delincuentes en Chile", explicó ayer el abogado querellante Eduardo Contreras.
Normalmente los reos son trasladados engrillados de pies y manos, en un furgón de la policía de prisiones, hasta las céntricas oficinas policiales, y allí son fotografiados de frente y de perfil, con un número de identificación en el pecho. Antes deben entintarse los dedos y estampar sus huellas dactilares. Sin embargo, lo más probable es que los funcionarios encargados del fichaje viajen hasta la finca de Pinochet, en Los Boldos, 140 kilómetros al suroeste de Santiago, para cumplir el trámite.
Contreras expresó que el fichaje es inevitable y que es una de las diligencias pedidas por los siete querellantes que lograron que Pinochet fuera enjuiciado por 57 homicidios y 18 secuestros de opositores. Después que el jueves el tribunal rebajó de autor a solamente encubridor el nivel de envolucramiento de Pinochet, el juez que lo procesó, Juan Guzmán, le concedió el lunes la libertad provisional previo pago al equivalente de 3.450 dólares. La libertad será ratificada seguramente hoy por la quinta sala de la Corte de Apelaciones.
Los analistas creen que el ex dictador quedará libre, con lo que podrá -si lo desea- abandonar su finca, donde permanece bajos arresto domiciliario hace 42 días. Hugo Gutiérrez, uno de los acusadores, anticipó que se opondrá a la liberación "porque existen importantes diligencias pendientes". Los querellantes desplegarán otra de sus tácticas para frenar la liberación de Pinochet e impedir que sea sobreseído del proceso por razones de salud, recusando al juez Sergio Valenzuela, uno de los tres magistrados de la sala.
Valenzuela, conocido porque tuvo 17 años en sus manos la investigación del asesinato del sindicalista opositor Tucapel Jiménez, admitió que su hijo Guillermo Valenzuela, trabajó para la policía represiva de Pinochet, cuyos agentes fueron acusados de acribillar a tiros al dirigente laboral.
Contreras afirmó que primero solicitarán que el propio Valenzuela se retire de la sala para que sea reemplazado por otro juez. Si no acepta, pedirán oficialmente que sea recusado. En los medios judiciales y periodísticos, se considera que los actuales jueces votarán en favor de Pinochet, porque en sus dictámenes anteriores así lo han hecho.

Cuestionan a Tapia
En tanto, los familiares de las víctimas de la represión militar manifestaron su disconformidad por la decisión del juez Guzmán Tapia de "otorgar la libertad provisional" al ex dictador. "Nos hubiese gustado que el juez Guzmán Tapia no se apresurara tanto en otorgarle la libertad a Pinochet, cuando todos sabemos que es autor-inductor de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte", afirmó Viviana Díaz presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
"Para nosotros significa un agravio que él (Pinochet) recupere su libertad, ya que aún no respondió por lo ocurrido con nuestros familiares", señaló la dirigente, tras reunirse con representantes de la coalición gobernante. Guzmán Tapia resolvió otorgar la libertad a Pinochet por considerar que los delitos de que se acusa al ex dictador "no son tan graves y no hay riesgos de que eluda la acción de la Justicia". Díaz insistió en que Pinochet "debe permanecer detenido, porque es un peligro para la sociedad chilena".
"Nosotros tenemos muchas esperanzas en este gobierno y todavía las seguimos teniendo, porque el presidente Ricardo Lagos nos señaló que él no va a propiciar ninguna ley de punto final ni ninguna iniciativa que signifique cerrar los procesos por violaciones a los derechos humanos", agregó Díaz.



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