Fallo contra un recorte de salarios

Los recortes salariales a los trabajadores estatales dispuestos por el gobierno el año pasado fueron inconstitucionales, asegura un fallo de una sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El fallo es el primero de Cámara que va al fondo de la cuestión sobre el decreto presidencial firmado a mediados del año pasado. Fue dictado por la sala uno del tribunal de alzada federal, en votación dividida. Los jueces Pedro Coviello y Bernardo Licht suscribieron la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que dispuso el recorte, en tanto que su colega Horacio Buján se pronunció en disidencia.
La sentencia fue firmada por los camaristas el 6 de marzo pasado en una causa presentada por José María Díaz contra el Ministerio de Defensa y ya tenía fallo favorable de primera instancia dictado por la jueza Susana Córdoba.
Si bien se refiere solamente a esa presentación y no a la totalidad de cuestionamientos judiciales -aproximadamente medio centenar, diseminados en el fuero contencioso administrativo y en el laboral- la sentencia cobra importancia porque será la primera en llegar a la Corte Suprema, que en definitiva será la que se expedirá sobre la validez o no de los recortes. A mediados del año pasado, el alto tribunal convalidó con casi cinco años de tardanza un decreto similar dictado por el gobierno de Carlos Menem, que también dispuso podas salariales a los trabajadores estatales.
Pero a diferencia del actual, aquel decreto de necesidad y urgencia fue ratificado - tal como lo exige la Constitución Nacional para que tengan validez-, por el Congreso de la Nación. El decreto de recortes del gobierno de la Alianza nunca cumplió con ese trámite.
Pero además, tratándose de un demandante que trabaja en la órbita del Ministerio de Defensa, los camaristas que dictaron la inconstitucionalidad de la quita salarial recordaron que los salarios del sector castrense son fijados por el Congreso mediante la ley de presupuesto, y que el Ejecutivo sólo puede disponer sobre suplementos vinculados a esos haberes.
El 19 de octubre de 2000, el alto tribunal suspendió una serie de medidas cautelares de primera y segunda instancia que apuntaban a dejar sin efecto los alcances del decreto, lo que le permitió al Poder Ejecutivo aplicar los recortes salariales a los agentes públicos.
Pero dos días antes, el fiscal en lo contencioso administrativo Eduardo Yrigoyen había emitido un dictamen demoledor contra el decreto en cuestión, al que había calificado de "imprudente y nefasto" e "injusto y hasta inmoral".
"Este imprudente y nefasto decreto (...) para arreglar las finanzas públicas agrede en sus salarios a aquellos que tienen menos poder para defenderse", sostuvo el fiscal, consultado precisamente por la jueza Córdoba, quien poco después falló por la inconstitucionalidad del decreto. Ese fallo de la jueza Córdoba es el que acaba de confirmar la sala uno de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.