Organismos de defensores de los derechos humanos y otras entidades, gremiales entre ellas, formalizaron ayer una presentación ante la Justicia federal de Santa Fe para que abra una investigación con la finalidad de determinar la posible existencia de un centro clandestino de detención que habría funcionado durante la pasada dictadura militar en un predio que pertenecía entonces al Liceo Militar General Belgrano.
El pasado día 7 la fiscal federal Griselda Tessio se hizo presente en el domicilio de Pasaje Público 4641, ubicado en el extremo norte de la ciudad y a unos 150 metros al este del lugar donde funciona actualmente el Hospital Sayago, edificio que en los años de plomo ocupara el Liceo.
La presencia de la representante del Ministerio Público obedeció al hecho de que en esa vivienda, pero también en otras linderas, se abrieron fisuras originadas porque las unidades habitacionales fueron levantadas sobre una vieja construcción perteneciente a la dependencia militar y en cuyos sótanos, se sospecha, podría haber funcionado un centro clandestino de detención y torturas.
La funcionaria judicial manifestó que se estaba sólo "ante indicios" y que, con mayores elementos, iba a resolver sobre las medidas a adoptar. Posteriormente, integrantes de organismos de derechos humanos, con la autorización de la propietaria de la vivienda mencionada, procedieron a excavar donde en 1992 se había producido un hundimiento.
En aquella época la pequeña Romina Lépore, hija de la propietaria, Graciela Dosse, y quien por entonces tenía 9 años, persiguiendo a una perrita se introdujo en el pozo y se encontró con una vasta construcción subterránea que tenía paredes, mirillas y pasillos, además de una precaria instalación eléctrica. Pero ese descubrimiento permaneció entonces oculto para la opinión pública ya que, pese al pedido expreso en contrario del ex diputado provincial Edgardo Luna, la dueña de casa pidió que no se difundiera el hallazgo.
Con el paso del tiempo la propietaria fue cambiando su posición y ahora facilitó su casa para que se realizaran los trabajos de excavación, que fueron controlados por arquitectos.
Parte de aquella vieja construcción había quedado cegada, pero al practicarse ahora las nuevas excavaciones se pudo comprobar, en parte, que las afirmaciones de Romina eran ciertas, porque los trabajadores se encontraron con paredes, posibles mirillas y con unas tres habitaciones, a las que no tuvieron acceso, que han permanecido enterradas durante más de una década.
Los responsables de las tareas de excavación aclararon que no prosiguieron con la obra para no dañar la estructura, ya parcialmente comprometida, de la vivienda actual y resolvieron cubrir el sector cavado e impedir el ingreso de extraños para aguardar la resolución que tome la Justicia.
En busca de tumbas NN
En la presentación ante los Tribunales santafesinos se solicita que se profundice la excavación iniciada y se dé intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense ya que no se descarta que en esa construcción, o en otros puntos de lo que fue el predio dependiente del Liceo, se hayan producido enterramientos clandestinos de personas desaparecidas.
Cabe aclarar que veinticinco años atrás aquello era un descampado, y en cambio en la actualidad allí hay un barrio de 150 viviendas, lo que acarreará sin duda problemas adicionales a quienes tengan que investigar el caso.
Ex presos políticos han hablado reiteradamente en Santa Fe de "la casita" como un lugar donde se practicaba torturas y detenciones clandestinas. Ahora se especula con la posibilidad de que hayan existido varias "casitas" y que una de ellas haya sido precisamente la construcción de referencia porque en determinados casos ex detenidos han comentado que fueron llevados a un sótano.
Uno de esos testimonios corresponde a la senadora provincial bonaerense Sara Derotier de Covacho, cuyo desgarrante testimonio publicara La Capital la semana anterior y que estaría próxima a viajar a Santa Fe para declarar ante la Justicia federal.
En la presentación se pide se tomen declaraciones tanto a dicha legisladora como a otras personas que pudieran encontrarse vinculadas a estos hechos, como a quienes pudieron tener responsabilidad en la construcción del barrio.
También se le solicitó a la Justicia que pida fotos aéreas de lo que fue el Liceo General Belgrano entre 1975 y 1980 y que se haga lo propio con la Dirección de Catastro municipal respecto de las construcciones declaradas en ese mismo período en dicho lugar. Los denunciantes se proponen pedir además que se tomen declaraciones a quienes fueron los responsables del Liceo en dicha época.
Resta ahora aguardar las medidas que adopte el juez subrogante Eduardo Jauchen, en cuyo juzgado recayó la presentación. Se aguarda que el magistrado corra vista a la fiscal Cintia Gómez para que la representante del Ministerio Público fije posición al respecto.
La Ciudad
