Durante su gestión en el Central, Pedro Pou no habría cobrado unos 150 millones de pesos correspondientes a multas por cheques rechazados, fondos que eran destinados a solventar un programa de atención al discapacitado. La denuncia está en manos del juez Gabriel Cavallo y fue presentada por los diputados socialistas Jorge Rivas y Alfredo Bravo. Por otra parte, el gobierno nacional sólo invirtió 25 millones en los planes para los discapacitados, pese a que Pou admitió haberle girado 140 millones de pesos. Los legisladores calcularon que las sanciones por cheques rechazados "como mínimo deberían superar los 300 millones de pesos", ya que dichas multas equivalen al 2 por ciento de su valor, con un mínimo de 50 pesos y un máximo de 50 mil".
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