El ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, explicó ayer los motivos que originaron los ascensos de cuatro de los cinco policías ligados a la represión durante la dictadura, para los cuales de todos modos el gobierno de Carlos Reutemann ya determinó su pase a retiro. Se trató de "ascensos recomendados por juntas de calificaciones de los años 1998 y 1999", es decir previos a "la decisión política" de que los uniformados dejarán de prestar servicio, indicó el funcionario.
"Acá hay dos cuestiones diferentes: cuando asumimos (en diciembre del 99) existían dos juntas de calificaciones, las de los años 98 y 99, que recomendaban ascensos que no se habían cumplido por problemas financieros del Estado provincial; por otra parte, con mi firma determiné el año pasado el pase a retiro obligatorio de cinco efectivos que tenían imputaciones del período de la represión", señaló Baltuzzi.
Los policías en cuestión son Antonio Tuttolomondo (ascendió a comisario principal), Ramón Rito Vergara y Diego Portillo (ascendieron a suboficiales principales) y Julio Fermoselle (ahora sargento ayudante). El quinto de la lista es Bruno Carlos Dalla Pace, el único que pasó a retiro.
El ministro señaló que "los expedientes de los pases a retiro siguen su trámite normal. Salvo uno que ya fue retirado (Dalla Pace) los otros cuatro están agotando las licencias que no habían tomado en su momento y automáticamente pasarán a retiro".
Baltuzzi, remarcó que la ley estipula que previo al pase a retiro los efectivos deben tomarse las licencias que no gozaron, caso contrario éstas deben ser pagadas por la provincia.
"Cuestiones financieras"
En cuanto a los ascensos, consignó que las juntas de calificaciones "evalúan la conducta estrictamente policial durante un año" y reiteró que esos policías "tenían un derecho de ascenso adquirido en los años 98 y 99 que se retrasó por cuestiones financieras", de manera que "si hubieran dictado el decreto en su momento habrían sido ascendidos en el 98 o 99", antes de que se determinara su pase a retiro.
Baltuzzi sostuvo que la ley dice que "de no existir un proceso judicial en el mismo año que se produjo la calificación, no se pueden revisar las decisiones de la junta", lo que hizo técnicamente imposible suspender los ascensos.
El ministro abundó en que en estos casos particulares "algunos fueron beneficiados con las leyes de obediencia debida y punto final, es decir que no hay procesos", en tanto que el pase a retiro "fue una decisión política que no tiene entidad de proceso judicial para privarlo de un ascenso donde se evalúa su conducta policial".
El titular de la cartera política puntualizó que "no hay incompatibilidad, ni incoherencia", ya que si el gobierno no efectivizaba los ascensos "se exponía a un juicio" por parte de los uniformados, porque -agregó- "la causa por la que pasan a retiro es una decisión política, que no es contradictoria con la evaluación que hicieron las juntas de calificaciones por la actuación profesional en los años 98 y 99".
Las juntas de calificaciones las integran comisarios generales de la repartición provincial, de acuerdo con lo estipulado por la ley que reglamenta todo lo referente al personal policial.
La Ciudad
