"Si continúan las corrientes inmigratorias actuales, Cataluña desaparecerá". Con estas palabras de un veterano líder de la izquierda nacionalista catalana, se ha desatado un intenso debate político sobre inmigración en España.
Del escaño y la tribuna a la panadería de barrio, los españoles discuten desde hace dos semanas sobre las polémicas tesis del fundador de la izquierda republicana catalana y primer presidente del parlamento autónomo de esta comunidad española tras la dictadura franquista, Heribert Barrera.
Acusado de racista y xenófobo, Barrera vino a avivar un fuego, el del problema de la inmigración, que prendió poco antes la "primera dama" de Cataluña en un campo listo para arder como la pólvora: el encierro de cerca de 700 inmigrantes en iglesias de Cataluña para reivindicar la regulación de su situación legal y laboral ante la nueva ley de extranjería.
De izquierda a derecha
El que fuera líder de la izquierda republicana en Cataluña tras 19 años de exilio en Francia, recurrió al polémico líder derechista austríaco, Joerg Haider, para ejemplificar su propia opinión sobre la actual inmigración catalana: "Cuando este señor dice que en Austria hay demasiados extranjeros, no está haciendo ninguna proclama racista. Dice que quiere preservar la sociedad austríaca tal como a él le gusta, tradicional".
A las manifestaciones de Barrera antecedieron las de otro personaje público del panorama catalán, la esposa del presidente del gobierno autónomo de Cataluña, Jordi Pujol.
Durante una conferencia organizada por una entidad financiera catalana, Marta Ferrusola afirmó que "las ayudas son para gente que no sabe qué es Cataluña. Sólo aprenden a decir buenos días, buenas tardes y dame de comer" y redondeó su intervención con el tema de las viviendas sociales "que mi marido está harto de dar a magrebíes y gente así".
A raíz de que los casos Barrera y Ferrusola saltaron a los titulares de diarios de todo signo y condición, la cadena de reacciones, dentro y fuera de Cataluña, no se hizo esperar.
Esquerra Republicana se distanció de las tesis de su fundador, al igual que el presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol.
Tras alabar la trayectoria "democrática de una pieza" de Barrera, el político también quiso aclarar que junto a los derechos se encuentran los deberes de los inmigrantes de "respetar y aceptar la identidad propia" de los países que los acogen.
Mientras, el Partido Popular, del presidente del gobierno español, José María Aznar, relacionó las declaraciones "racistas" del ex presidente del parlamento catalán con la "obsesión del nacionalismo por la diferenciación", si bien Barrera ha mostrado repetidamente su apoyo a la ley de extranjería promulgada recientemente por el PP.
El partido socialista en la oposición también ha mostrado su disconformidad con las declaraciones de Barrera y Ferrusola, además de oponerse a la nueva ley de extranjería de los conservadores, que ahora se encuentra bajo recurso del Psoe, Esquerra y otros partidos políticos de izquierda en España.
El gobierno del presidente Aznar tiene pendiente el tema de la inmigración no sólo en el Parlamento, sino también en la promesa hecha a más de 25.000 indocumentados ilegales ecuatorianos, el colectivo más numeroso en España en cuanto a su origen, de repatriarlos cuando cuenten con una oferta de trabajo y papeles en trámite.
Población vieja
Toda esta discusión sobre la regulación del flujo de inmigrantes y su integración ha coincidido con un informe de Naciones Unidas según el cual España perderá hasta el año 2050 un 22 por ciento de su población y se convertirá en el país más viejo del mundo.
Los expertos han señalado que España tendrá que acoger a varios millones de inmigrantes si quiere mantener su fuerza de trabajo actual y asegurar el pago de pensiones, al igual que ocurrirá en el resto de países desarrollados, ya que para mediados de este siglo, Africa y Latinoamérica, las dos principales fuentes de inmigración en España, estarán al menos dos veces más pobladas que la "fortaleza europea".
La Ciudad
