Editorial

Uso abusivo del poder

Por ser "lesiva de la libertad individual" y manifestación del "uso abusivo del poder que detentan", el magistrado de alzada Eduardo Sorrentino fundamentó su voto de condena a prisión condicional, indemnizaciones y dos años de inhabilitación para ocupar sus cargos de siete inspectores de tránsito de la Municipalidad. En igual sentido se manifestó, con argumentos similares, Ernesto Pangia, quien junto con Alberto Barnardini completan la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que ratificó una sentencia de primera instancia producida a fines del año pasado.
De tal manera se está en presencia de un fallo ejemplarizador que reitera una verdad que no por sabida es menos ignorada. Se trata de aquella que indica que el poder de policía que, sin importar ámbito ni rango, el funcionario público ejerce por delegación expresa del Estado debe ser asumido con absoluta responsabilidad y siempre dentro de los más estrictos parámetros que imponen las normas vigentes. De lo contrario se incurre, como mínimo, en el delito de abuso de ese poder, que existe por una sola y excluyente razón: contribuir al bien general de la sociedad. Circunstancia esta que, con lamentable frecuencia, no se da plenamente en las calles de la ciudad. Calles que, por acción de unos y omisión o excesos de otros, en no pocas oportunidades se convierten en verdadera tierra de nadie. Un tierra donde la prepotencia parece ser el único recurso posible. Despropósito ahora al desnudo con la sentencia paradigmática que aquí se destaca.
El juicio surgió a partir de la demanda interpuesta por el abogado Rogelio Bianchi, quien circulando en compañía con su automóvil por avenida Belgrano fue interceptado por los inspectores Mario Capullo, Daniel Pascucci, Miguel Angel Manteyga Puig, Aníbal Mullenbruck y Ramón Ramos, algunos de los cuales estaban a pie y otros en motos. Los funcionarios alegaron que el profesional conducía a velocidad excesiva, circunstancia que pretendieron probar con el artilugio de esgrimir un radar sin batería. Ante su negativa a aceptar la imputación, la víctima acabó agredida con alevosía de palabra y hecho, éste con la aplicación de puntapiés contra el coche. Radicada la denuncia policial, el caso fue comprobado y sancionado en primera instancia, con la apelación de la sentencia por los condenados ahora resuelta.
Es de esperar que este justo fallo y su jurisprudencia sirvan de alerta eficaz para aquellos pésimos funcionarios que, investidos de una parte del poder de policía del Estado, denigran la alta responsabilidad para la que fueron convocados. También para que sirva de acicate en favor de no silenciar los abusos de los que, con harta frecuencia, suelen ser objeto ciudadanos inocentes. Ciudadanos que aún siendo culpables de alguna transgresión no tienen en absoluto por qué soportar el trato descomedido e ilegal del que fue objeto el automovilista Bianchi.