La familia santafesina que viajaba junto a Diego Rodríguez, el joven turista asesinado durante un asalto el pasado pasado 3 de febrero en la ruta BR 290, en cercanías de la ciudad brasileña de Porto Alegre, iniciará una demanda por resarcimiento contra el estado de Río Grande do Sul y los responsables de la empresa concesionaria de esa autovía.
Según señaló Miguel Pierri, abogado patrocinante de la familia Gramajo, la demanda se sustenta legalmente en los convenios internacionales para la protección de la vida basados en el Pacto de San José de Costa Rica y otras disposiciones procesales comunes a los países del Mercosur.
Pierri, conocido por su actuación en varias causas resonantes, entre ellas la del homicidio culposo del cantante bailantero Rodrigo, sostuvo ayer en diálogo con el programa "Mano a mano" por la emisora santafesina LT9 que "los sistemas legales son mundiales y tanto argentinos y brasileños tienen leyes de protección, de derechos y obligaciones. En este caso cada vez están más resguardados los convenios suscriptos para la protección de la vida. Los mismos son convenios emergentes del pacto de San José de Costa Rica y además son un basamento fundamental, es todo el andamiaje jurídico procesal que hace al Mercosur", explicó.
Precedente
El letrado detalló además que "teniendo en cuenta un precedente del año 1997", la demanda por daños y perjuicios será iniciada conjuntamente contra el estado de Río Grande do Sul y el concesionario de la ruta BR 290 "y no contra el estado brasileño". "Ello por cuanto -señaló- aquella vez tramitamos un pleito en nuestro estudio ingresado vía Cancillería Argentina contra la República de Brasil, pero en este caso está más delimitado porque se trata de una autovía con peaje y con responsabilidades municipales y federativas".
Como se recordará, Diego Rodríguez, de 24 años y residente en la capital santafesina, fue asesinado alevosamente de tres balazos por una banda de asaltantes la madrugada del 3 de febrero último, cuando conducía una camioneta Traffic rumbo al balneario de Torres, junto a su novia Cinthia Gramajo, de 25 años de edad, los padres de ésta, Esteban (46) y Martha Gramajo (45), su abuela Ana Gramajo, de 64, y Lucía, una hija de la joven, de 8 años de edad.
La familia Gramajo fue abordada a unos 50 kilómetros al oeste de Porto Alegre por una banda de delincuentes que mataron a balazos a Rodríguez y se alzaron con unos 2 mil dólares en efectivo que los veraneantes llevaban consigo para gastar en sus vacaciones. Al cabo de diversos procedimientos, la policía brasileña detuvo a tres presuntos autores del sangriento atraco. Consultado sobre si la detención de los sospechosos podría variar el planteamiento de la demanda, Pierri negó dicha posibilidad, al asegurar que "existe todo un cuadro de situación. Porque no basta con un cartel de indicación que diga «no viaje de noche», si (el concesionario) está cobrando un peaje y tiene que informar sobre los peligros. El hecho (delictivo) que involucró a los Gramajo y Rodríguez es el número 41, entonces no es un hecho aislado. Vamos a pedir una acción reparatoria. Los argentinos estamos muy poco acostumbrados a hacer valer nuestros derechos", sentenció el letrado.