Carlos Duclós
El abogado santafesino Angel Fermín Garrote, uno de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuestionó al Poder Ejecutivo Nacional por la demora en designar los jueces y atribuyó ello a presiones políticas. El profesional, que fue durante muchos años presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe y titular de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, dijo que en la Argentina "la Justicia sigue marcando tiempos lentos, burocráticos y ritualistas como del siglo pasado".
Durante una entrevista con La Capital, dijo además que hay una fuerte impunidad que se debe a la falta de capacitación de la magistratura. No obstante destacó la labor de los jueces de provincia "muchos de los cuales -dijo- son excelentes. La gran patología que pasa por los centros como Buenos Aires, hace que se haya puesto en crisis la legitimidad y la ética de muchos magistrados".
Con relación al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, expresó que durante los primeros meses tuvo "algunas dificultades" para comenzar a desenvolverse porque a la Corte "le produjo un sacudón muy fuerte que el nuevo organismo le quitara una gran cantidad de atribuciones. Así que tuvimos problemas muy serios para fijar los límites entre el Poder Judicial y el Consejo".
-¿Esos mismos inconvenientes los tuvieron también con el Poder Ejecutivo?
-Sí, también, porque al desaparecer la posibilidad de designar a los jueces a través del sistema anterior, en donde prevalecía el amiguismo, el criterio político, este nuevo sistema de designación que se hace a través de una selección a cargo de un jurado, con antecedentes y viendo pruebas de oposiciones y con audiencias públicas, permite que se elijan los mejores a través de un método transparente. Además, el Poder Ejecutivo en todos los gobiernos democráticos utilizó un sistema de traslados para cubrir cargos donde pudieran existir asuntos de interés concreto para determinados sectores de la función pública. Así que también tuvimos problemas cuando empezaron a gestar traslados para ocupar vacantes. Pero terminada esa primera etapa y realizada toda nuestra legislación interna empezamos a funcionar.
-Sin embargo el presidente De la Rúa les pidió públicamente celeridad.
-Nosotros le respondimos mostrándole en qué etapa estábamos de trabajo y cuáles eran las limitaciones que habíamos tenido. Pero hoy, que ya han pasado varios meses de eso, la pregunta es nuestra: ¿Por qué demora el Poder Ejecutivo en designar los jueces siendo que nosotros ya le hemos mandado para cubrir veinte vacantes de concursos terminados y solamente ha enviado dos al Senado? Una de ellas la envió hace muy pocos días para cubrir un juzgado en Santa Fe y las restantes aún no fueron enviadas al Congreso. Y es más, la comisión de Acuerdos del Senado aún no ha designado ningún juez.
-¿Esto a qué lo atribuye?
-Es una lástima tener que decirlo públicamente, pero sabemos que hay presiones de tipo político. En la comisión de Acuerdos del Senado hay una mayoría que no es de la corriente partidaria del gobierno actual y quiere tener una cierta gravitación en las designaciones de los jueces. El Consejo le envía al Poder Ejecutivo una terna para que designe uno que cubrirá el cargo y allí entonces habría posibilidad entre el Ejecutivo y la comisión del Senado de tener algunos acuerdos políticos. De todos modos, y aunque esto nos preocupa, creemos que desde el Consejo le vamos a dar al Poder Judicial inicialmente una oxigenación y una renovación total en pocos años que va a cambiar y jerarquizar a la Justicia en el país.
-Precisamente, la Justicia está desacreditada ante la comunidad. Es cierto que se advierte un cambio, pero ¿no cree que es demasiado lento?
-Es muy lento, no hay duda. Sabemos que hay una cultura burocrática muy enraizada en el Poder Judicial y en los abogados también, y existe un sistema de trabajo que no guarda relación con los adelantos de la modernidad. La Justicia sigue marcando tiempos lentos, burocráticos y ritualistas como del siglo pasado. Hay dos velocidades que desalientan al ciudadano que reclama justicia: Por una parte hay intereses de tipo privado, como son los asuntos civiles, de familia y comercial y en materia penal, la falta de estructura, de capacitación en la magistratura ha creado una fuerte impunidad.
-¿Hay excesiva demora en los procesos?
-La dilación en los procesos está demostrando que estas leyes que vienen impuestas por los tratados internacionales, como la del dos por uno, hace que tengamos poblaciones carcelarias en la calle de miles de delincuentes que deberían estar purgando sus sentencias en las cárceles.
-¿Cree que el hecho de aceptarle la renuncia al juez sometido a enjuiciamiento beneficia su situación?
-Claro, yo hice una propuesta en el sentido de que se le pida al Poder Ejecutivo Nacional que no acepte las renuncias de los jueces. A cualquier empleado público a cualquier funcionario, si comete una acción y por ella es investigado por incumplimiento de sus funciones o por presunto delito, no se le acepta la renuncia hasta saber si se lo va a cesantear o se lo va a exonerar. En cambio los jueces renuncian y se extinguen las acciones en su contra y eso desacredita aún más a la Justicia por la incredulidad social ante la falta de juzgamiento de los magistrados.
-¿El funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia es lo ideal?
-El Consejo de la Magistratura provincial puede tener buenas intenciones pero no es lo ideal, ni es un consejo de la magistratura porque es un órgano asesor. No obliga al Poder Ejecutivo a acatar las opiniones o dictámenes proponiendo jueces. Lo ideal aquí sería reformar la Constitución provincial.
-¿Es independiente la Justicia en el país?
-Es una pregunta muy difícil. Hace ya bastantes años que tenemos un régimen democrático y con todas nuestras insatisfacciones es democracia y va a mejorar con más democracia. Las estructuras de nuestro país están hechas para tener una Justicia independiente, pero aún, cualquiera sea el gobierno que tengamos, del color político que fuera, debo decir que todavía no se logró la plena independencia en el Poder Judicial.
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La Ciudad
