El consejo de administración del complejo de edificios conocido como "El Palomar", ubicado en la zona de barrio Martin, fue denunciado penalmente por un grupo de propietarios de departamentos, que acusaron a los integrantes del consorcio de fraguar documentación, falsificar firmas y facturar en las expensas montos ajenos a los gastos reales que ocasionan las torres de la esquina de Colón y Mendoza. Los denunciantes revelaron además que sufren constantes amenazas y represalias por parte de los administradores.
Pero eso no es todo: como consecuencia de deudas mantenidas con la administración en concepto de gastos centrales impagos, dos departamentos ya fueron a remate por 3500 y 1460 pesos, sumas "muy inferiores" a lo adeudado, mientras que otros cinco siguen el mismo camino. "Lo que pasa es que la administración no hace planes de pago. Hace la industria del juicio", cuestionó Agustina de Alemanno, dueña de un departamento, quien junto a Erardo Frezza, Alejandro Lambiase y Ramón Esteban expuso la situación a la La Capital.
Todos ellos manifestaron que son víctimas de amenazas y represalias debido a la batalla judicial que iniciaron un año atrás. Aún así, hace dos semanas radicaron una última denuncia por administración fraudulenta en el juzgado de Instrucción 5ª, a cargo de María Luisa Pérez Vara, a raíz de una serie de irregularidades presuntamente cometidas por el consejo de administración, que integran algunos propietarios del mismo edificio. Este es un órgano interno cuyos integrantes rigen el edificio desde hace 17 años y que obtiene una recaudación de "unos 30 mil pesos al mes, lo que hace un total de casi 400 mil dólares por año".
Todo comenzó cuando los propietarios contrataron a una escribana para que inspeccionara las asambleas porque "se realizaban a puertas cerradas, con presencia policial y violando todos los estatutos". La letrada encontró en las actas 17 firmas adulteradas, por lo que se presentó una denuncia por falsificación de firmas en el juzgado Correccional Nº 10, a cargo de Juan José Alarcón.
También se inició una medida en el juzgado Civil y Comercial Nº 13. Se secuestró documentación y un contador constató que existía una "dispersión de fondos entre lo recaudado y lo depositado". Habían desaparecido 262 mil dólares durante el período 1995-1998.
A la basura
Pero lo más grave surgió después, cuando se halló documentación contable en el interior de un volquete. "Estaba mojada, arruinada, llena de moho y pegoteada, pero algo se pudo rescatar", señaló Alemanno. El hallazgo de esos papeles motivó una causa correccional por destrucción de documentación, y su análisis derivó en una nueva denuncia, esta vez por administración fraudulenta.
Allí se establece que aparecieron facturas adulteradas, en las que se "dibujaban" importes aumentando su precio. Así, una compra de 4,40 pesos en una casa de sanitarios se convirtió en otra de 44,40 en la facturación de la administración.
También, según se detalla en el escrito, se constató que una serie de gastos personales -desde vinos y alimentos hasta tinturas para el cabello y cremas antiarrugas- fueron cargados a las cuentas del edificio. Por otra parte, se denunció la aparición de comprobantes de pago irregulares, el uso del teléfono en beneficio propio y la existencia de gastos sin documentación respaldatoria.
Sin embargo, esa denuncia desapareció del expediente judicial. "Lo que más me preocupa y me llama la atención es que hemos sentido poco eco de la Justicia. El juez correccional nunca requirió la documental y ahora desaparece una denuncia", analizó Alemanno, quien reveló que una testigo fue "intimidada" cuando fue a declarar al juzgado.
La Ciudad
