Editorial

Explotación laboral infantil

Con la ratificación oficial del convenio para la erradicación del trabajo infantil, entregada por una delegación que encabezó la ministra de Trabajo de la Nación, Patricia Bullrich, en la sede ginebrina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Argentina ha dado un paso formal significativo en procura de acabar con una de las grandes lacras que padece la humanidad. Se trata de un paso que, obviamente, debe ser continuado por otros, a impulso de serias y profundas políticas de gobierno. Políticas que, al margen de que existan o no los instrumentos legales que las posibiliten, deben ser sostenidas con firmeza en el tiempo.
En otras palabras, de lo que se trata es de llevar adelante, con perseverancia y eficacia, una acción coordinada entre los distintos estamentos de gobierno a efectos de actuar con razonable éxito sobre tema tan delicado. Es que de nada o muy poco vale profesar fe de la voluntad de desterrar la explotación laboral y hasta delictual de la niñez si después, por incapacidad o falta de voluntad, el Estado no ejerce el imprescindible e intransferible poder de policía que se requiere para acabar con el problema.
Durante la presentación del documento en la OIT, Bullrich adelantó que el gobierno argentino se propone efectuar fuertes operativos contra el trabajo infantil en la agricultura y, sobre todo, en las "cosechas temporales", que es donde más se da el fenómeno. Empero, fue en torno del rostro más tenebroso de la explotación de la niñez -el de la prostitución- que la funcionaria comprometió una mayor decisión y firmeza. Lo hizo calificando a la prostitución infantil como la "mayor preocupación" del gobierno y anunció que se presentará próximamente un proyecto en el Congreso para "hacer más visible la demanda" de ese denigrante comercio sexual, pues en su opinión "ahí (en el ocultamiento y la hipocresía de quienes demandan tales servicios) radica el problema".
Tiene razón la ministra. Arrancar de las tinieblas en las que se desenvuelven las lacras sociales como la prostitución infantil es un aspecto del combate contra tanta infamia. Pero con eso sólo no basta. Junto con dicha salida a la luz debe existir una eficaz tarea represora, que necesariamente debe extenderse a aquellos estamentos del poder político y privado (policía, Justicia, políticos, empresarios, etcétera) sin cuyo imprescindible concurso tales organizaciones tenebrosas de explotación infantil no existirían.
Ojalá que las buenas intenciones del gobierno, que por supuesto se comparten, devengan en resultados positivos, apreciables a plazo breve. Con ello se reivindicará en parte la condición humana.