San Pablo. - Por lo menos 15 presos murieron y cinco personas resultaron heridas -entre ellas un rehén de sólo cuatro años de edad- durante el mayor motín carcelario de la historia brasileña, que involucró a 27.000 reclusos de 29 instituciones penales y se prolongó por más de 24 horas.
El balance preliminar fue anunciado ayer en San Pablo por el secretario provincial de Seguridad Pública, Marcos Petreluzzi, quien agregó que la rebelión ha sido totalmente controlada y que todos los rehenes (unas 7.000 personas, entre agentes carcelarios y familiares de los reclusos) ya están en libertad.
El funcionario admitió sin embargo que la cifra de víctimas podría aumentar, ya que recién hoy la policía terminará la inspección de todas las instalaciones del complejo penal de Carandirú, el mayor de Latinoamérica.
Según el secretario Petreluzzi, las autoridades investigarán la responsabilidad de la policía en las muertes de tres de los presos y en la explosión que provocó graves heridas a un niño de cuatro años, que estaba entre los rehenes de la rebelión.
"Los otros doce reclusos fueron asesinados por sus propios compañeros", aseguró el secretario, quien agregó que cuatro agentes de la policía militarizada también resultaron heridos de bala.
El "supermotín", que se propagó por 19 ciudades del estado de San Pablo, terminó en las primeras horas de la tarde de ayer con la ocupación policial de Carandirú, que alberga a unos 7.500 presos.
La invasión policial recién se concretó después de que los agentes controlaron una protesta de miles de familiares de los reclusos que buscaron impedir la ocupación del penal lanzando latas y botellas contra los uniformados.
Los manifestantes temían la repetición de la tragedia de octubre de 1992, cuando un operativo policial de represión a un motín en el mismo penal de Carandirú terminó con las muertes de 111 presos, muchos de los cuales fueron asesinados en sus propias celdas.
El secretario de Administración Penal de San Pablo, Nagashi Fukurawa, reiteró que el movimiento fue desencadenado por la organización delictiva autodenominada Primer Comando de la Capital (PCC), en protesta por el traslado de sus líderes en Carandirú a otras instituciones penales.
"Durante toda la rebelión, la única demanda fue el regreso de los líderes que fueron trasladados el viernes pasado", expresó Fukurawa, quien aseguró que esa reivindicación no fue atendida y que la gobernación mantendrá inalterable la política de sacar a los dirigentes del PCC de las cárceles que comandan.
Sin embargo, expertos en derechos humanos insistieron en que el "supermotín" abrió un nuevo y aterrador capítulo en la historia de violencia del sistema carcelario de Brasil, criticada incluso por representantes de las Naciones Unidas, que acusaron al país de "tratar sus presos como si fueran animales peligrosos". "La ausencia del Estado en la periferia pobre de las grandes ciudades fomenta la violencia, y la escasa inversión en el sistema carcelario estimula los motines y las fugas masivas", comentó la abogada Julita Lemgruber, experta en sistema penal.
Cierren Carandirú
Asimismo la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) divulgó una nota oficial en la que pide la clausura del complejo penal de Carandirú.
Según el coordinador de la entidad, el jurista Joao José Sady, la enorme casa de detención es "un ícono simbólico del conjunto de problemas" que afecta el sistema carcelario de Brasil, y se convirtió en "un foco de difusión de la violencia del crimen organizado".
A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja brasileña, el diputado socialista Marcos Rolim, advirtió que el "supermotín" "fue sólo el inicio" de una etapa de violencia creciente en las cárceles del país.
Rolim acusó al presidente Fernando Henrique Cardoso y al ministro de Justicia, José Gregori, de ser responsables del aumento de la tensión en los penales, al fijar criterios muy rígidos para la concesión del tradicional indulto navideño, que el año pasado benefició solamente a 2.000 reclusos, el 1% de la población carcelaria del país."Los penales brasileños son un barril de pólvora, y el rigor en los indultos de Navidad fue un detonador", expresó el diputado, quien recordó que, históricamente, el 8% de los reclusos brasileños solía recuperar la libertad en la época de los festejos navideños.
La Ciudad
