Santa Fe. - En su presentación ante el juez federal Eduardo Tejerina contra las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) el ex directivo de la obra social de la UNL, Manuel Angel Costa, pidió que se investigue el posible vaciamiento patrimonial inmobiliario de esa casa de altos estudios, sosteniendo que "durante la gestión del rector Hugo Storero, siendo su secretario el actual rector Mario Barleta, se vendieron el ex departamento de Hidrología General y Aplicada, ubicado en San Luis y Chacabuco; la playa de estacionamiento de la UNL (importantísimo local de la ex Compañía Argentina de Tranvías), sobre calle Cándida Pujato, entre San Martín y San Gerónimo; el edificio de la Facultad de Arquitectura, de bulevar Pellegrini, entre 1º de Mayo y 4 de Enero, encontrándose otros edificios también en venta".
Más adelante, Costa explicó al magistrado que "antes de esta gestión, la Universidad siempre emprendió compras de edificios y construcciones, como las realizadas en el barrio El Pozo, pero sin vender nada, sin disminuir su patrimonio" y que "ahora la excusa es aplicar su producido a mayores obras en ese lugar; no obstante será necesario confrontar los precios de venta conforme a mercado, forma de pago y aplicación real de los fondos, como también la legalidad y razonabilidad del desprendimiento del patrimonio".
Mientras tanto, ese mismo juzgado está a la espera del dictamen del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, cuyo plazo de diez días hábiles venció ayer, sobre las irregularidades denunciadas contra la Universidad por el no acatamiento a la ley 24.741, que en 1996 mandó a separar totalmente a las obras sociales de las universidades nacionales, declarándolas "persona de derecho público no estatal" y que se desvincularan de las casas de altos estudios "en cuanto al manejo y sustentación con fondos propios".
El magistrado también aguarda una respuesta similar por parte de la Sindicatura General de la Nación (Sigén), organismo al cual también puso en conocimiento de la causa pero sin fijarle un plazo.
El requerimiento del juez Tejerina estuvo fundamentado en el dictamen de la fiscal federal de Santa Fe, Cintia Graciela Gómez, quien sostuvo que "del minucioso análisis de las constancias aportadas por el denunciante referidas a las irregularidades advertidas en la constitución y administración de la obra social de la Universidad Nacional del Litoral, surgen elementos para considerar la conveniencia de la intervención del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 24.471 de obras sociales universitarias".
Paralelamente, la fiscal señaló que "en relación con la eventual comisión de ilícitos denunciada respecto de las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral", solicitó al juez que se ponga en conocimiento de la causa a la Sindicatura General de la Nación "a los fines que se expida acerca de las irregularidades anoticiadas, por ser materia de su competencia", agregando que ese organismo de control "ya ha tenido intervención en investigaciones a esa casa de altos estudios".
Dependencia universitaria
Costa, en su presentación ante la fiscal Gómez, aseguró que "existen sobradas pruebas de que la obra social aún sigue bajo la dependencia jurídica de la UNL, pese a lo ordenado por la ley 24.471, de 1996".
Enumeró que un detalle no menor es que "su denominación es Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral, y no del personal universitario", agregando que además "la papelería que posee tiene el logotipo de la UNL, la que se titula universidad Nacional del Litoral y después obra social".
Apuntó también que el rectorado paga los sueldos del personal, que son 29, y los aportes sociales, agregando que "por ende los números del Cuit y del Ansés corresponden a la UNL al no tener los propios, y los sellos son de la Universidad con el agregado: Obra Social".
Asimismo, explicó que "el edificio y los muebles que utiliza la obra social son propiedad de la UNL y lo hace en forma gratuita; además en la guía de Telecom, año 2000, las líneas telefónicas que corresponden a la obra social también pertenecen a la Universidad, como organismo oficial" y que "el informe del auditor sobre el último balance -1999-2000- señala que los libros han sido rubricados por la UNL".
A referirse al funcionamiento de LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral, señaló a la fiscal que "se ha transformado en una persona jurídica del derecho privado como sociedad anónima", puntualizando que "es un hecho público y notorio el compromiso periodístico de la emisora para con la UNL, casi como un apéndice de ella" y que "el personal de la radio, a pesar de ser una entidad privada, siempre fue afiliado a la obra social".
La Ciudad
