Cuando parecía que el presidente De la Rúa y el ministro Machinea habían recuperado la sonrisa y gozaban de un poco de tranquilidad porque la coyuntura económica se había tornado favorable, de golpe y porrazo volvieron a irrumpir los demonios de la política. Parece mentira pero en el seno del gobierno y entre los más encumbrados dirigentes de la alianza gobernante y la oposición justicialista ha surgido un feroz intento por torcer la voluntad presidencial e influenciar en la orientación ideológica de la política económica.
Haciendo gala de una amnesia e irresponsabilidad total, la clase política se ha olvidado que hace tan sólo dos meses ellos mismos habían puesto el Estado al borde de la cesación de pagos y cruzaban los dedos a la espera del oxígeno financiero denominado "blindaje". Por milagro consiguieron el salvataje internacional más importante de los últimos años, pero creyeron que era un premio y no un bochorno.
Envalentonados por 39.700 millones de dólares pronto quisieron abandonar la sala de terapia intensiva para danzar frenéticamente el baile del gasto público con emisión monetaria. Esto es, en definitiva, lo que está provocando una extraña unión estratégica entre los más altos dirigentes aliancistas y del justicialismo: Raúl Alfonsín, Carlos "Chacho" Alvarez, Aníbal Ibarra, Carlos Ruckauf y Ricardo Gutiérrez. Ninguno de ellos acepta ideas favorables a la dolarización, tampoco toleran las reglas de la convertibilidad que impiden cometer zafarranchos políticos y mucho menos aguantan que no se pueda emitir dinero para que el Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires puedan prestarlo al gobierno encubriendo déficit.
Entonces en lugar de promover una serie de debates racionales sobre la política monetaria, sus riesgos y limitaciones, como se hace cada seis meses en Estados Unidos mediante sesiones públicas del Congreso entre legisladores, economistas de alto nivel académico y Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, recurren a la acusación de que el presidente del Banco Central, Pedro Pou obró con negligencia en materia del lavado de dinero.
Sin darse cuenta adoptan la misma actitud que los ancianos fariseos cuando pretendieron lapidar a la mujer acusada de adulterio. El relato evangélico nos dice que ocurrió algo inesperado. Bastó con que Jesús de Nazareth, en silencio comenzara a escribir sobre la calle polvorienta el nombre de todos los ancianos que habían cometido actos de lujuria y los fariseos dejaron sus piedras y huyeron por el costado.
¿Qué político argentino se animaría a declarar bajo juramento ante su propia conciencia que nunca notó cómo surgían fortunas de la noche a la mañana, que nunca supo de extravagantes fondos de inversiones que compraban las empresas tradicionales, que nunca se enteró de la proliferación de testaferros para adquirir mansiones lujosas que ocupan ex funcionarios, que nunca sospechó de la utilización política del dinero del narcotráfico o que nunca oyó nada sobre transferencias al exterior de gruesas sumas de dinero conseguidas por contratos informáticos entre el Estado y proveedores poco escrupulosos?
Pedro Pou, presidente del Banco Central, pudo o no haber incurrido en complicidad para ocultar operaciones bancarias de lavado de dinero, pero la duplicidad entre el mensaje político por este tema y las intenciones de abatir las reglas de convertibilidad es un peligroso juego que está aflorando en momentos de grave desconcierto. La buena voluntad internacional obtenida a través del blindaje financiero puede quebrarse en un instante si este larvado proceso de doble discurso sigue avanzando.
Reglas que enfurecen a los políticos
A pesar de lo que comúnmente se cree, la ley 23.928 de convertibilidad, que entró en vigencia el 1º de abril de 1991, no sólo estableció un tipo de cambio fijo sino un decálogo de reglas que impiden a la clase política echar mano del dinero del Banco Central.
1-Paridad fija: el Banco Central se compromete a vender divisas a razón de un dólar por cada peso, debiendo retirar inmediatamente de circulación el peso recibido. Por esta regla el gobierno no puede obtener dinero si no entrega dólares recibidos por la recaudación aduanera o el endeudamiento externo.
2-Respaldo: el Banco Central mantiene reservas de libre disponibilidad en oro y divisas extranjeras equivalentes al 100% del dinero en circulación por lo cual ese respaldo no pertenece a los políticos sino a los miembros de la sociedad civil que posean pesos convertibles en sus billeteras o en el banco.
3-Inembargabilidad: las reservas mencionadas no pueden embargarse, venderse ni gastarse porque pertenecen al conjunto solidario de todos los tenedores de pesos y sólo pueden aplicarse a mantener la paridad fija, por lo cual la clase política no puede utilizarlas como garantía para conseguir nuevos créditos externos.
4-Nominalismo: todo deudor de créditos comunes o con garantía personal y real cumple con su obligación dando la cantidad de dinero nominalmente expresada en el documento de su deuda y de este modo nadie puede exigir mayores importes que los comprometidos salvo los intereses que se hubiesen pactado.
5-Indexación: quedan terminantemente prohibidas las actualizaciones monetarias, indexaciones de precios, variaciones de costos y repotenciaciones de deudas por cualquier causa, tanto en obligaciones públicas como privadas. Por esa razón se terminaron las indexaciones de impuestos y de préstamos bancarios como la perversa circular 1.050 en la época de la plata dulce.
6-Moneda de libre uso: en nuestro país se reemplazó el concepto jurídico de "moneda legal de curso forzoso" por el de "moneda de libre uso". Cualquier habitante puede convenir derechos, contraer obligaciones, pagar y cobrar en divisas extranjeras, incluso mediante cuentas bancarias de todo tipo y plazo. Esta facultad no existe en ningún otro país y por eso aquí podría producirse una dolarización espontánea para las transacciones y operaciones privadas y utilizarse el peso para pagar impuestos al gobierno. De allí que cualquier intento de devaluación provocaría una inmediata caída de la recaudación tributaria y del gasto público en idéntica proporción.
7-Divisas de exportación: los exportadores son dueños de las divisas obtenidas por la venta de sus productos y no están obligados a entregarlas al Banco Central ni a negociarlas en el mercado oficial de cambios, pudiendo retenerlas o venderlas libremente. El gobierno no puede echar mano de estos dólares para pagar los servicios de la deuda externa.
8-Divisas para importar: el Banco Central no puede establecer cupos para asignar divisas a importadores privilegiados. Tampoco está obligado a entregar divisas para importar salvo que los interesados las canjeen por el equivalente en pesos convertibles.
9-Requisito de liquidez: las entidades bancarias argentinas están sujetas a un blindaje financiero que ha evitado las corridas bancarias con el denominado requisito de liquidez que consiste en exigencias de encajes en efectivo, depósitos en el Banco Central y colocaciones de divisas en el Deutsche Bank de New York. Así se garantizan más del 20% de los depósitos bancarios y éste es el dinero que el gobernador Carlos Ruckauff y Ricardo Gutiérrez pretenden echar mano para solucionar los problemas del Banco Provincia de Buenos Aires porque no pueden pagar la deuda de 2.646 millones que la provincia tiene con ese banco.
10-Independencia política: el Banco Central no puede emitir dinero para financiar gasto público ni cubrir el déficit. Sólo puede suministrar pesos convertibles cuando el gobierno le entregue las divisas equivalentes. Esta cláusula pone fuera de sus casillas a Raúl Alfonsín cuando sostiene que la convertibilidad es una trampa neoliberal a la que es fácil entrar pero difícil salir.
Tales son las diez reglas que desde el 1º de abril de 1991 lograron abatir la hiperinflación y desterrar la inflación crónica de nuestro país, pero no pueden fomentar la reactivación económica porque la paralización de la economía se vincula con un sistema impositivo depredatorio que los sucesivos gobiernos civiles y militares se resisten cambiar. Estas son las diez reglas que enfurecen a nuestra clase política porque les impide hacer lo que quieren y chocan con normas de recta conducta que no permite producir mayores desaguisados. Para bien de la sociedad civil, Dios quiera que la extraña conspiración de esta alianza política no pueda prosperar.
La Ciudad
