La corrupción por medio de coimas o negociados ilegales sobre las arcas del Estado, o una variante de aquella tan vieja como la economía de trueque, el lavado de dinero, sea por ilícitos o potencialmente de plata proveniente del narcotráfico, se instala en la agenda política argentina y puede convertirse en una de las dinámicas electorales de los comicios de octubre.
Como ya es un clásico dentro de la coalición, cada vez que entra en el debate un asunto importante se producen chisporroteos, pero a diferencia de los primeros que hicieron eclosión en octubre con la dimisión de Carlos Chacho Alvarez, donde Raúl Alfonsín actuaba de mediador con Fernando de la Rúa, en los recientes, sea el caso cubano o el del titular del Banco Central Pedro Pou, los dos jefes partidarios se unieron, lo que provocó otro disgusto presidencial. Tuvo necesidad de hacer sentir que no hay un "gobierno paralelo" como le soplan a sus oídos y hace sentir una autoridad que, en rigor, nadie cuestiona. Lo que los dos quieren no es ser partiquinos, sino ser escuchados: no será el último roce. "Si Fernando no reaccionaba, se iban algunos ministros", murmuran hombres del presidente. Alguien deberá remontar el desaguisado, y Chacho y Alfonsín repasan si no apuraron los tiempos.
Los jefes del radicalismo y del Frepaso dieron un documento sobre cómo debía ser tratado el tema cubano cuando llegue a Ginebra que cayó duramente en la Cancillería y determinó la declaración presidencial con lo obvio: que es él quien debe decidir cómo se votará respecto de la isla cuando en abril sea debatida la situación cubana con relación a los derechos humanos. La difusión del escrito pudo ser un error vista la previsible reacción presidencial. Chacho jura que no creyó que el papel que le trajo Alfonsín iba a ser derivado a los medios. Cierto o no, lo dicho dio mayor espacio a los pragmáticos del Palacio San Martín: allí creen que el presidente ahora no tiene otro camino que acompañar las puniciones contra Fidel Castro, preocupado estos días más por lo que hará México que la Argentina. De todos modos los pronunciamientos, como el pedido por el socialista popular Rubén Giustiniani y muchos más para que la Cámara baja reclame al canciller abstenerse de condenar a la isla, no cesarán. Ni es definitivo el futuro de Pedro Pou.
En la reunión del Grupo de Trabajo de la Alianza en la jefatura de gabinete, un nervioso Crhystian Colombo (en la mira acusadora de Elisa Carrió) y José Luis Machinea advirtieron que no impulsarían el relevo de Pou sin pruebas contundentes, pero se barajaron nombres de un potencial reemplazante: el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, que no sólo hizo una verónica al sondeo sino que recomendó al presidente para que saliera al cruce y ratificara al polémico funcionario; el secretario de Hacienda, Mario Vicens, idóneo, pero con escaso perfil para lo que desearían los dueños del mundo financiero, o Daniel Marx, con fuertes vínculos con los organismos de crédito mundial.
El eterno pánico por los mercados
Estos nombres muestran que "nadie piensa en un desarrollista", reflexiona un crítico del Central para exhibir que no están en juego movimientos para modificar la política financiera, que como la implementó Pou, irrita. Lo que se impugna es su aparente papel activo en quiebras de bancos y facilitar la concentración bancaria y su extranjerización; por eso, tiene juicios incoados en varios juzgados. "Los bancos no quieren controles y por eso fueron a pedirle al presidente que no se toque a Pou", añade esta voz, cercana al alfonsinismo.
Pero si hay algo que saca de quicio a Machinea, y no a él solo, es la emisión de señales de que se modificarían las reglas, y está convencido de que precipitar la salida de Pou sin pruebas contundentes sería retornar a los días aciagos del preblindaje. El humor de los mercados lo desestabiliza o lo alegra, depende, pero Alvarez dice que procedimientos transparentes son la mejor garantía para los inversores.
En Wall Street explican que sólo les importa quién reemplace a Pou, no este funcionario. Alfonsín supone que la campaña a favor de la dolarización da motivos suficientes para empujar al funcionario al abismo. "Eso no ayuda, lo convierte en un caso ideológico", protestan en Economía. Por eso Chacho piensa que hay que poner todo el poder político de la Alianza, gobierno y partidos, para formar la comisión investigadora de la cámara baja y respaldar las pesquisas de la chaqueña Elisa Carrió. En el Frepaso están convencidos de que ella tiene información que pondrá en problemas a Pou. Y sobre todo, descubrirá el caño por el que se limpió dinero originado "en la corrupción menemista a través de los bancos de Raúl Moneta y Aldo Ducler".
Es lo que sospechan hace rato los diputados socialistas Alfredo Bravo y Jorge Rivas, hoy distanciados de la Alianza pero aliados a Carrió, y al diputado demócrata Gustavo Gutiérrez, probo acompañante de la chaqueña. Rivas rastreó el cumplimiento de un decreto de Carlos Menem de 1990 donde se integra una comisión mixta para impedir lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que en 1995 se convierte en ley, pero con resultados pobrísimos por negligencia o protección y ha denunciado a Pou ante la Justicia.
La gloria o el oprobio
Carrió fue al Senado norteamericano convencida de que toda su documentación comprometedora se perdería en ese triángulo de las Bermudas que es el Poder Judicial criollo. La sola inclusión de Argentina en un dossier en instrucción le da protección. Acumuló datos aportados por el contador mendocino Luis Balaguer, actualmente en Washington trabajando con el influyente senador Carl Levin y auxiliada por Jack Blum, un temible investigador sobre ilícitos de bancos norteamericanos. Amén de la experta del Banco Central Alicia López y una garganta profunda de allí.
La legisladora chaqueña juega la gloria o el oprobio en los primeros días de marzo cuando el subcomité del Senado norteamericano, que en rigor investiga ilicitudes de bancos de ese país, en este caso el Citi Corp, dé a conocer un informe sobre lo actuado. "Si no aparecen nombres de personajes importantes de la política, magistratura o las finanzas, la denuncia se diluirá y la diputada entrará en un cono de sombra", se escucha decir en sectores del menemismo. Los hombres que circulan por los circuitos de las grandes finanzas dicen en Nueva York que "los argentinos están haciendo una tormenta en un vaso de agua": en estos informes hay denuncias de operatorias y no de personas, advierten. La investigación de Levin sobre el Citi puso los focos sobre los bancos de Moneta, El República y el Federal Bank, sobre los que rondan las sospechas y controversias. Un día de las dos audiencias del subcomité estará dedicada al Federal: se cree que de allí surgirán titulares de cuentas: "Cuidaré que no haya cacería de brujas", anticipa Carrió para no mezclar chiquitaje con tiburones. En la gran banca juran que en la Argentina no se lava dinero. Hace un lustro economistas radicales estimaban que rondaban entre tres mil y cinco mil millones de dólares anuales y hoy se calcula que aquellos bancos puestos en la picota lo hacían a razón de 1.200 millones por año y no tienen el monopolio de esta tintorería. Si se los compara, como lo hace Ricardo López Murphy, con los 600 mil millones de dólares en el planeta, es un porcentaje ridículo, no por ello menos pernicioso porque alienta la corrupción y abre el camino para el lavado de plata del narcotráfico, que podría -de potenciarse- colombizar la política argentina. "No estamos en esa perspectiva", asegura el ministro.
¿Qué temen los bancos?
En 1991, en el trámite de una querella contra el periodista Rogelio García Lupo, el banquero saudí Gaith Pharaon exclamó frente a la jueza María Servini de Cubría: "¿Por qué a mí, si todos los bancos lavan dinero?", y dio nombres. Eso abrió un expediente que sólo llenó papeles y ningún resultado a pesar que fue procesado por lo mismo en los EEUU, y tiene pedido de captura del FBI.
Tal vez por esa afirmación del saudí se explican las dificultades para aprobar primero la ley sobre los bancos y ahora para reglamentarla a fin de crear la Unidad Financiera de Investigación, que a los banqueros les disgusta por posible injerencia estatal sobre sus operaciones, Un verdadero lobby de la alta banca frenó por años la aprobación de la ley y operó fuertemente para hacerla inocua en la reglamentación. Mientras se hagan los concursos con expertos de varios organismos, entre ellos los bancos, la aplicación de la norma puede demorarse a pesar de que la presida el muy respetado Jorge de la Rúa.
La embestida contra Pou tiene en el gobernador Carlos Ruckauf a un adelantado. El bonaerense piensa que desde el Central se impide la reactivación económica por la política de restricción monetaria y no cree que una flexibilización de los redescuentos haga temer por la convertibilidad. Ruckauf heredó de Eduardo Duhalde un Banco Provincia con muchos agujeros que su actual titular, Ricardo Gutiérrez, no puede explicar y que para la Alianza puede ser el caballito de batalla electoral contra el ex gobernador. Estas anomalías explicarían el interés de Ruckauf para separar a Pou.
De una explosión a un estallido
Al proponer a Domingo Cavallo como su relevo, sabedor de que el papá de la convertibilidad se prepara para cosas más grandes en otros momentos o para escenarios conflictivos, el gobernador estaba dando una señal de que no piensa en que al Banco debe ir un impugnador de la convertibilidad. "Ruckauf sabe que si le explota el Provincia, le estallan sus sueños electorales", dicen en el menemismo, donde defender a Pou en nombre de la vigencia de las instituciones puede leerse como sostener a un hombre de la propia tropa, a un posible conocedor de secretos profundos. Acaso por eso es que el ex presidente salió a defenderlo de frente y como anticipando un sistema de ideas electorales: acusó a los enemigos de Pou como proclives a devaluar, que es mentar al diablo.
De todas maneras el titular del bloque de diputados peronistas, Humberto Roggero, integrará la comisión que encabezará Carrió y que se conformaría en la primera semana de marzo (de hecho el Parlamento seguirá cerrado en lo que resta de febrero con la evidente decisión de dejarle manos libres al Poder Ejecutivo), con un documento explosivo: las conclusiones del senador Levin.
En el peronismo sospechan que la Alianza prepara una central de inteligencia para hostigar a 80 cuadros de la anterior administración y afilan sus espadas para que la batalla no los encuentre desprevenidos. Entre tanta trifulca verbal dentro de la Alianza y en el peronismo se bifurcan los caminos.