Sospechosas maniobras en el Pami

Se dilata una licitación a pesar de que hay ganadores y se mantienen contratos que perjudican a los policlínicos

Los policlínicos Pami I y II, o más precisamente la unidad administradora de ambos, están a las puertas de un verdadero escándalo. Además de haber mantenido durante mucho tiempo a cuestionados proveedores de medicamentos y materiales descartables para sus efectores, se viene dilatando la adjudicación a quienes ya ganaron esos servicios por licitación, con ofertas que le significarían a la obra social de los jubilados un ahorro de más del 30 por ciento (120 mil pesos mensuales) respecto de los precios anteriores.
La irregularidad mereció ya un pedido de informes al gobierno nacional de parte del diputado nacional Alberto Natale, quien se pregunta, entre otras cosas, por qué se dilatan las adjudicaciones y si existe vinculación entre los proveedores anteriores y personas "con actuación en ámbitos sindicales".
La Uppri (unidad administradora de los policlínicos) le viene comprando medicamentos y material descartable a las empresas Droca y Comarsa. En el caso de la primera, los términos de la provisión fueron seriamente cuestionados por la Sindicatura General de la Nación, a pesar de lo cual la Uppri mantiene las contrataciones con este proveedor.
Pero el problema es mayor, porque se llamó a licitación y, aunque hay ganadores, no se les adjudica. Las aperturas de las ofertas se realizaron el 25 y el 26 de octubre pasados, respectivamente. Los ganadores fueron Green Med -para materiales descartables- y Elemed -para medicamentos-. En ambos casos, el valor de la oferta sería más de un 30 por ciento menor de los valores de contratación de Comarsa y Droca.
A pesar de que el contrato con los nuevos oferentes le hubiese significado al Pami un ahorro de unos 120 mil pesos mensuales, el proceso todavía no culminó. Según la información con la que cuenta La Capital, hubo una preadjudicación el 2 de diciembre pasado, y a pesar de que no fue impugnada, se volvió a preadjudicar el 16 de enero de este año, con lo que se retrocedió en el proceso, abriendo nuevamente la etapa de impugnaciones y manteniendo el viejo contrato de provisión.
Para el diputado Natale "no debería existir argumento administrativo o burocrático que permita intentar justificar tamaño deterioro de los intereses públicos".