El abogado de la familia Robledo, Paul Krupnik, remarcó que sus clientes habrían sufrido, de parte de la Justicia y la policía, una doble arbitrariedad. En primer término, del personal policial, "que de haber realizado una tarea investigativa seria, habría determinado que en el domicilio allanado vivía desde hace 20 años una familia que no tuvo vinculación alguna con la persona buscada". Y en segundo lugar de la jueza "que no le habría exigido a la policía, previo a despachar la medida, las razones o motivos que impulsaban a requerir un allanamiento en tal vivienda".
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