En una nueva embestida en contra del titular del Banco Central, Pedro Pou, la Alianza salió desde todos los flancos a solicitar su remoción. Ayer se sumaron las voces del ex presidente Raúl Alfonsín, del ex vice Carlos Chacho Alvarez, y de los senadores y diputados de la coalición oficialista, reclamando un paso al costado del número uno del BCRA. Mientras la jueza que investiga a Pou por presunto encubrimiento de operaciones de lavado dinero exigió al Banco Central la entrega de un informe sobre el "registro de operaciones inusuales y sospechosas" reportadas por entidades financieras desde 1996, el presidente Fernando de la Rúa firmó en la tarde de ayer el decreto reglamentario de la ley de lavado de dinero que establece la creación de una Unidad de Información Financiera (UIF) que busca detectar ilícitos.
Alfonsín y Alvarez se reunieron ayer con objetivo de llevar hoy a la mesa de diálogo en la Alianza el reclamo conjunto por la salida de Pou, fuertemente cuestionado por su gestión al frente del BCRA, además de abordar el tema del voto argentino sobre Cuba (ver aparte) y el proyecto de reforma administrativa del Senado que impulsa el líder del Frepaso.
Si bien el comunicado conjunto dado a conocer anoche se limitó a exponer la postura sobre la próxima votación en las Naciones Unidas, voceros partidarios expresaron que ambos dirigentes coincidieron en reclamar la remoción de Pou que impulsarán hoy ante representantes del gobierno, en la mesa de diálogo de la Alianza.
A los cuestionamientos que Alfonsín le hizo a Pou desde el momento en que llegó la Alianza al gobierno por su permanente prédica a favor de la dolarización de la economía, se le sumó ahora la supuesta ineficacia del funcionario para detectar maniobras sobre lavado de dinero.
Antes, el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, había adelantado que el gobierno analiza "con prudencia" los pedidos para que Pou dé un paso al costado y el bloque de Senadores de la UCR anticipó que convocará a la comisión bicameral especial encargada de proponer al jefe del Estado el relevo de la máxima autoridad del Banco Central.
Los diputados de la Alianza, aunque no en forma orgánica, también se manifestaron a favor de la remoción de Pou: por ejemplo, el presidente de la bancada oficialista, Darío Alessandro, afirmó que "ya están dadas las condiciones para que se vaya".
Interviene Servini de Cubría
Y por si faltara algo, la jueza que investiga a Pou, María Romilda Servini de Cubría, decidió exigir al Banco Central un informe sobre "el registro de operaciones inusuales y sospechosas" y solicitó datos sobre todas las transacciones de posible lavado de dinero reportadas a la gerencia de requerimientos y Control del BCRA.
La jueza también libró un oficio a su colega Adolfo Bagnasco para pedir precisiones sobre la denuncia radicada anteayer por el gobierno de Fernando de la Rúa respecto de las maniobras de blanqueo de fondos.
Finalmente, De la Rúa firmó en la tarde de ayer el decreto reglamentario de la ley de lavado de dinero, que establece la creación de la UIF, de la cual no formará parte Pou.
La UIF transitoria estará presidida por el ministro de Justicia, Jorge de la Rua, y la integrarán el titular del Palacio de Hacienda, José Luis Machinea; el titular de la Afip, Héctor Rodríguez; y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese.
También serán miembros los vicepresidentes del Banco Central, Martín Lagos, y del Mercado de Valores, Hugo Luis Secondini, de acuerdo al decreto 170 que designa a los integrantes de la UIF por parte del Poder Ejecutivo.
Al ser consultado sobre si la no integración de Pou en dicha comisión significa una quita de respaldo por parte del gobierno, el ministro de Justicia respondió: "No, en absoluto. Es una decisión del presidente respecto de la cual no abrimos juicio".
También subrayó que el gobierno "va a cooperar fuertemente en toda tarea de investigación" que se realice sobre el supuesto lavado de dinero en el país y dijo que el Poder Ejecutivo "está dispuesto a aportar a la Justicia todos los elementos que tenga".
La Ciudad
