La Justicia investiga 3 casos de fraude contra la Caja

Allanaron una sucursal del banco provincial. La denuncia es por cobro indebido de personas que habían fallecido

La Justicia instruyó ayer a la incautación de 388 cajas con documentación relacionada con el cobro indebido de haberes de la Caja de Jubilaciones provincial, en una sucursal del Banco de Santa Fe de la zona sur. Se trata de al menos tres asignaciones cuyos titulares fallecieron hace algunos años.
A pedido del interventor del organismo, Fernando Bondesío, el allanamiento apunta a detectar si la defraudación ha sido cometida por familiares de beneficiarios o por la maniobra de algún empleado de la entidad crediticia.
Las irregularidades ocurrieron entre 1996 y 1998, y fueron denunciadas recién en octubre del 99 por el coordinador operativo de la delegación Rosario de la Caja, Carlos Muslea. Los haberes de los beneficiarios iban de 382 hasta los 1.000 pesos y en uno de los casos se llegó hasta cobrar la segunda cuota del último aguinaldo.
Según fuentes del juzgado, no está claro si se trató de una maniobra familiar o si estaría involucrado el personal del banco. Lo curioso es que, en algunos casos, luego del fallecimiento de la persona pasaron meses en los que nadie cobró los haberes, y como la Caja de Jubilaciones no tomó nota de ello, siguió enviando el dinero y alguien empezó a percibirlos. Por esta razón, los nombres de los beneficiarios fallecidos permanecen bajo secreto de sumario.
El juzgado decidió la incautación de la documentación luego de que fueran remitidos oficios durante el año pasado a la entidad crediticia para que remita los originales de los recibos no fueron respondidos.
De las casi 400 cajas ahora se deberá individualizar la documentación y no se descarta que puedan llegar a aparecer nuevas anormalidades aún no descubiertas.
Si se determina quienes fueron los responsables de la defraudación el Estado provincial podrá requerir judicialmente el reintegro del dinero cobrado indebidamente. "Los hechos delictivos están clarísimos, pero lo que no está claro es la autoría", remarcó una funcionario del juzgado de instrucción Nº 13, a cargo de Osvaldo Barbero, el magistrado que entiende en la causa.