José Luis Verderico
Por cinco votos contra uno, el juez federal Luis Leiva fue acusado ayer en el Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, por escuchas telefónicas ilegales, la detención de un menor en una cárcel de la Justicia federal, irregularidades en dos fallos sobre importación de vehículos, un contrabando de maletines desde Chile y la entrega a un tercero de un automóvil en litigio judicial, entre otros cargos.
La próxima etapa del proceso contra el magistrado mendocino continuará en el plenario de la Magistratura. Entre fines de febrero y comienzos de marzo se votará si Leiva debe ser sometido o no a juicio político.
La escrituración de terrenos en Chacras de Coria por valores más bajos de los reales, maniobras para quedarse con la causa judicial del Banco Mendoza y la denuncia del banquero Raúl Moneta de que le había pedido 3 millones de dólares de coima para mejorar su situación en la causa que tenía abierta por el Banco Mendoza, son otras causales de la acusación al juez.
El caso Leiva, como se lo conoce en los despachos del Poder Judicial de la Nación, va tomando el mismo color que los procesos de otros jueces federales de conductas irregulares, al haber sido acusados por la comisión respectiva del Consejo de la Magistratura: Trovato, Bernasconi y Oyarbide.
Durante la sesión celebrada en el cuarto piso de los tribunales porteños se sometió a votación el dictamen que los diputados del PJ Lelia Chaya, presidenta de la Comisión de Acusación, y Miguel Angel Pichetto propusieron el 19 de diciembre, una semana después que Leiva terminara su descargo; como conclusión de varias horas de testimonios en tribunales, en su mayoría de mendocinos, y del análisis de la batería de pedidos de juicios políticos contra el magistrado por las irregularidades que se le atribuyen y se detallan en los párrafos anteriores.
Moneta, camaristas federales, políticos, ex funcionarios de bancos provinciales, un escribano, entre otros, dieron sus testimonios sobre la conducta de Leiva durante seis meses hasta que ayer se lo acusó.
Coincidieron con Chaya y Pichetto en la votación, el senador justicialista Augusto Alasino, y los dos consejeros independientes del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Fermín Garrote y Juan Gersenobitz, que tienen afinidad radical. En soledad votó contra ese pronunciamiento y a favor de Leiva el legislador de la Alianza y ex gobernador chubutense Carlos Maestro. Faltó a la sesión el diputado aliancista Pablo Fernández, quien iba a apoyar a Leiva con su sufragio. Desde su entorno confiaron que viajó a La Pampa el lunes a última hora porque su hija sufrió una severa indisposición, pero otras fuentes aseguraron que a último momento tuvo dudas de seguir apoyando a Leiva.
Maestro y Fernández habían presentado el lunes ante sus pares un dictamen favorable a Leiva propiciando que la acusación en su contra fuera desestimada y su caso pasara a revisión de una junta de disciplina.
Los consejeros presentes no se pusieron de acuerdo para acusar al magistrado a través de un único dictamen fundamentado, pero votaron unánimemente por el paso al plenario, con lo que estuvieron de acuerdo en lo sustancial, es decir en la existencia de razones suficientes para avanzar en la destitución del magistrado.
"Si bien coincidieron en lo esencial, que Leiva había incurrido en irregularidades en sus funciones, los cinco que votaron en su contra sostenían distintos argumentos técnicos y jurídicos entre sí. Esto obliga, durante la semana, a unificar los distintos criterios en un solo dictamen para que los cinco consejeros lo firmen el próximo martes y al día siguiente sea presentado ante el plenario", explicó un asesor técnico judicial.
La votación por la acusación contra Leiva tiene dos resultados posibles. El 5-1 de ayer y el 5-2 del martes próximo, si Fernández finalmente votara a favor, pero de cualquier modo la decisión final ha sido contundente.
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La Ciudad
