| | Editorial Un entredicho absurdo
| Tal vez la reunión interprovincial de mañana en el túnel subfluvial Hernandarias acabe con el absurdo entredicho suscitado a partir del desconocimiento de la indudable jurisdicción santafesina sobre tres de las islas del Paraná frente a nuestra ciudad. Se trata de las denominadas General Pistarini y Sabino Norte y Sur, más conocidas como el Banquito. Merced al redescubrimiento del río felizmente experimentado en estos últimos años por decenas de miles de rosarinos, tales islas, que totalizan unas 45 hectáreas, se han constituido en un verdadero punto de atracción turístico, dando pie al desarrollo de tres centros serviciales, hoy convertidos en buenos negocios. Como la jurisdicción de las restantes islas corresponde a Entre Ríos, en su momento quienes comenzaron su explotación requirieron, erróneamente, la habilitación en la vecina Victoria, circunstancia que motivó que esa ciudad acabara pretendiendo la posesión de esa tierra, incluso con el concurso policial. Pero el hecho es que las islas pertenecen a Santa Fe. Esto es así, cuanto menos, desde 1968, cuando el gobierno nacional les otorgó entidad territorial y dispuso que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables reconociera la jurisdicción a Santa Fe. Asimismo, en 1994 fueron empadronadas como dominio fiscal de Rosario. Tal es así que esta Municipalidad emite bimestralmente las tasas de servicios por esos terrenos. En 1999 el intendente Hermes Binner le solicitó al gobernador Jorge Obeid el traspaso de ese bien al municipio. Ello no se concretó en virtud de que lo recibió en comodato el Ente Administrador del Puerto Rosario. Es precisamente este organismo el que ahora reclama la regularización de la jurisdicción, hecho que incluso fue acogido favorablemente, porque así está estipulado con claridad en la documentación respectiva, por los funcionarios catastrales de Entre Ríos. Sin embargo, pese a tanta evidencia en contrario, el municipio de Victoria, que de facto e irregularmente hoy ejerce competencia en el lugar, se niega a reconocer lo que no admite discusión. Incluso, podría decirse que en un remedo grotesco de la prepotencia inglesa que en los siglos XVII, XVIII y XIX dio forma al Imperio Británico, pretende llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, que aquí en lugar de una guerra colonial sería la obtención de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pretender elevar a esa alta instancia un entredicho de esta naturaleza constituye un verdadero absurdo. A efectos de evitar inconvenientes y pérdidas de tiempo y dinero para (y por) nada, bueno sería que las autoridades de Entre Ríos hicieran entrar en razones a sus colegas de Victoria en cuanto a que la insistencia en negar lo evidente puede ser interpretada como signo de necedad. Y que esto es más grave todavía cuando un resultado tan inútil siempre es costeado por los contribuyentes. En este caso, por los de una y otra margen del Paraná. Ojalá que en la reunión de mañana prevalezca el sentido común.
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