Tres testigos propuestos por la defensa declararán hoy ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que retomará así el proceso al juez federal Carlos Liporaci, acusado de presunto enriquecimiento ilícito y posible mal desempeño de su cargo.
Los testimonios corresponderán a personas vinculadas a la operación mediante la cual el juez adquirió, a mediados del año pasado, la costosa finca que ocupa en Gaspar Campor 471 de la localidad bonaerense de Vicente López.
El ciudadano italiano Guido Torrisi, vecino del juez, será interrogado acerca del préstamo por 210 mil dólares que efectuó a Liporaci para la compra de la casa, que según consta en la escritura fue adquirida por 610 mil pesos cuando se presume que su valor de mercado sería de 1.400.000 pesos.
Tras las declaraciones de los testigos de la defensa, que se tomarán en una audiencia prevista para las 14, la Comisión de Acusación deberá emitir un dictamen.
Siete integrantes de la comisión analizan el sumario contra el juez, que en diciembre pasado dictó la polémica resolución mediantela cual dictó la falta de mérito de los once senadores nacionales del PJ y la Alianza acusados de haber cobrado dinero sucio para aprobar la ley de reforma laboral.
Según trascendió en Tribunales, la presidenta de la comisión, la diputada peronista Lelia Chaya, podría oponerse a la remoción del juez. En cambio, se estima que los consejeros Fermín Garrote, Juan Gersenobitz, Pablo Fernández y Carlos Maestro se pronunciarían por la destitución de Liporaci.
En su descargo, Liporaci presentó mediante el abogado Héctor Rodríguez un escrito de unas 130 hojas, con documentos que -según entendió el defensor- "prueban categóricamente que no hay razones para someterlo a juicio político".
El escándalo del Senado
Más allá de la suerte que corra Liporaci, la Cámara Federal porteña comenzará a analizar esta semana la evidencia reunida contra los siete senadores nacionales a los que la fiscalía pretender llevar a juicio por el presunto reparto de coimas.
Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado apelaron el jueves último a la Cámara para que revoque la resolución mediante la cual Liporaci dictó la falta de mérito para juzgar a los senadores cuestionados.
Pero el recurso de la fiscalía incluyó directas imputaciones al gobierno, al que responsabilizó por el posible pago de sobornos. La reacción del presidente Fernando de la Rúa y algunos de sus colaboradores no se hizo esperar, aunque en las últimas horas el primer mandatario salió a bajar el tono de sus críticas a Freiler y Delgado.
En las próximas horas, en tanto, regresará al país el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, jefe de todos los fiscales, quien podría arbitrar medidas si considera que las críticas del presidente y del ministro del Interior, Federico Storani, constituyen una "perturbación" a la labor de Freiler y Delgado.
De todos modos, la Cámara analizará en los próximos días el expediente de los sobornos para definir si dispone, como pretende la fiscalía, el procesamiento de los senadores del PJ Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell, Angel Pardo, Ricardo Branda y Emilio Cantarero, y del radical Alberto Meneghini, bajo cargos de cohecho pasivo.
La Ciudad
