Desde el pasado 2 de enero El Salvador inició un proceso de dolarización unilateral por ley. Es la primera nación de América Latina que se lanza hacia una dolarización siguiendo una estrategia gradualista.
El presidente salvadoreño Francisco Flores anunció la iniciativa el pasado 23 de noviembre, pero la idea estaba en sus planes desde el inicio de su gestión, en junio de 1999. La misma se plasmó en un proyecto ley de integración monetaria, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre del año pasado.
Las medidas fundamentales de la dolarización salvadoreña son las siguientes:
1) Fija el cambio de dólar en 8.75 colones (de manera casi irrevocable).
2) Otorga curso legal tanto al colón (moneda local), como al dólar, al euro, al yen y a la libra esterlina.
3) Permite a los empleados públicos y privados cobrar sus salarios en dólares.
4) Se otorga curso legal al dólar estadounidense para transacciones entre personas y empresas, y entre personas. A su vez, todas las otras monedas citadas pasan a tener curso legal para transacciones entre empresas.
5) Todas las operaciones financieras serán realizadas en dólares.
6) Se congela la emisión de papel moneda salvadoreño desde el 2 de enero de 2001.
7) Se elevan los encajes legales (llamados ahora requisitos de liquidez) del 20% de los depósitos, al 25% de la totalidad de pasivos de los bancos comerciales, los cuales serían remunerados.
Dado que el Banco Central de Reserva mantiene un stock de reservas internacionales por 2.000 millones de dólares, superando notablemente al stock de dinero local en circulación (450 millones), el aumento de la exigencia de encajes apunta a reforzar preventivamente la liquidez del sistema financiero.
Esto, sumado a las reformas al código tributario y a la ley de contrabando apuntan a dotar de mayor solidez fiscal desde el inicio del sistema. El objetivo del plan es que en un plazo de seis meses se denominen todos los precios y tasas de interés en dólares, y que la moneda local (el colón) desaparezca de la economía salvadoreña como unidad de cuenta y como medio de cambio.
Un punto clave es que la reforma salvadoreña contempla la posibilidad del cobro de impuestos en dólares: la Asamblea Legislativa reformó los artículos de la ley de renta y del código de comercio que obligaban a expresar las declaraciones ante el fisco en moneda nacional.
Esto implica una apuesta más fuerte que un plan de convertibilidad, pues el Estado alienta el uso de moneda extranjera hasta para el cobro de impuestos, además de renunciar al "señoreaje" (ingresos y recursos extraídos al sector privado vía emisión de dinero).
La credibilidad en este esquema depende de la independencia del Banco Central de Reserva respecto del Tesoro. El programa de integración monetaria garantiza dicha independencia al dejar al Banco Central cuatro funciones relevantes: administrar las reservas internacionales, convertir moneda local (colones) en dólares y viceversa, encargarse de la normativa bancaria y la supervisión de entidades financieras, y llevar las cuentas nacionales.
El "plan" suena coherente. A diferencia de Argentina, no supone un régimen de convertibilidad, pero otorga curso legal al dólar. No necesita de disposiciones legales que prohiban la indexación de contratos e induce la dolarización total vía el otorgamiento del curso legal (deuda pagada en dólares se considera cancelada incluso en sede judicial, esto es: nadie puede rechazar el pago de una deuda mediante el uso de dólares). A diferencia de Ecuador y de Argentina, no emerge como forma de salir de una crisis fiscal y cambiaria que llevó a la huida voluntaria del público de la moneda local hacia el dólar.
Cabe preguntarse, entonces, si el escenario actual justificaba adoptar la dolarización en este momento y no en otro. Los números muestran a El Salvador como una economía de envidiable estabilidad. Desde mediados de los 90 el tipo de cambio se mantuvo entre 8,72 colones comprador y 8,75 colones vendedor. Sin embargo, es una economía abierta e integrada a Estados Unidos (el 65% de las exportaciones del país van al país del Norte). Esto sumado al uso generalizado del dólar en toda Centroamérica, estaba presentes necesariamente en el análisis de alternativas para reactivar la economía local.
En ese aspecto, el año 2000 no ha sido un año de expansión, sino de desaceleración económica. La baja del precio del café y la suba del precio del petróleo afectaron negativamente a la actividad económica del país. El Salvador cierra el año 2000 con una magra tasa de crecimiento económico (+2,5%) y una inflación baja (+3,6%), aunque con tipo de cambio estable. Es claro que no hay problema de confianza en la moneda local, sino de bajo nivel de actividad. La baja del ingreso de divisas y el creciente déficit fiscal (este año es del 3% del PBI), contrajeron la demanda interna, aumentando la demanda del crédito y el nivel de las tasas de interés.
Sobre el último trimestre del 2000 las tasas de interés activas para préstamos hipotecarios oscilan entre el 13,5% y 16% anual. Para compra de automóviles, entre el 15% y el 19%; y las tasas por descubiertos con tarjetas de crédito son "niveles argentinos": entre 24% y el 48% anual. La opción elegida por la actual administración ha sido la de reactivar vía un cambio drástico para inducir mayor gasto privado y demanda de crédito interno a menores tasas de interés y plazos más largos.
La estrategia que comienza en enero de 2001 puede funcionar sólo si el Gobierno aplica un significativo ajuste fiscal, de lo contrario, el "boom" de consumo inicial puede incrementar la demanda de crédito, los precios en dólares y revertir la reactivación inicial. De ahí que el FMI esté observando con cuidado al gobierno salvadoreño: si no reduce el déficit fiscal en 2001 (el gobierno espera que caiga al 2,6% del PBI), no es muy claro cómo logrará este "plan" mejorar el nivel de actividad y reducir la tasa de desempleo (hoy del 6% de la PEA y en leve aumento).
Como instrumento reactivador, el experimento salvadoreño apunta a replicar en el corto plazo el éxito de la Convertibilidad argentina, pero apostando a un crecimiento hacia fuera, integrado a los Estados Unidos. Si bien se habla de que el próximo "dolarizador" sería Guatemala, los serios problemas para el control del lavado de narcodólares en ese país hacen dudar sobre su viabilidad en el corto plazo.
El Salvador, además, enfrenta costos y riesgos no despreciables. La pérdida de señoreaje podría verse compensada por la mayor recaudación fiscal si el país llegara a crecer más del 4% anual promedio. Sin embargo, su sustentabilidad exige al gobierno algunos desafíos que valen para cualquier otro que elija la dolarización unilateral: 1) vigilar el mantenimiento del tipo de cambio en los precios al consumidor, castigando los "remarques" abusivos, 2) incrementar la calidad de las instituciones jurídicas en cuanto a la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando, 3) mantener una vigilancia permanente ante la circulación de dólares falsos, y 4) implementar una estrategia muy severa en materia de prevención y castigo del lavado de narcodólares.
Este último es quizás el desafío más difícil: al tener el dólar curso legal, una persona con un maletín de cientos de miles de dólares no podrá ser detenida ni interrogada por autoridades policiales ni judiciales. De más está decir que torna imposible la detección de operaciones de narcolavado por vía cablegráfica, sociedades "fantasma" o compraventas que borran las huellas del circuito de los narcodólares (vía gastos suntuarios, uso de cheques de viajeros, apuestas en casinos, etc.).
En consecuencia el experimento salvadoreño es un caso a seguir con suma atención: sus virtudes y defectos, dejarán importantes lecciones para quienes estén estudiando seriamente a la dolarización como una alternativa concreta de política.
La Ciudad
