El juez del fuero de la Seguridad Social Rodolfo Mario Milano suspendió los efectos del decreto de reforma previsional dictado por el Poder Ejecutivo, informaron ayer fuentes judiciales.
El decreto lleva el número 1306/2000 y había sido anunciado por el Ejecutivo nacional a fines del año pasado en medio del rechazo de la oposición e incluso de miembros de la Alianza.
Ayer, después de conocida la novedad del fallo que suspende los efectos, inmediatamente, voceros del gobierno anunciaron que el Ministerio de Trabajo ya está trabajando en la presentación de la apelación, que se hará probablemente el lunes al mediodía, cuando la titular de la cartera, Patricia Bullrich, se encuentre en Ginebra, Suiza, a una reunión preparatoria de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Milano hizo lugar a una medida cautelar solicitada por diputados de la Alianza disidentes "para proteger los derechos afectados por el decreto", según explicaron las fuentes.
"Es evidente que la ejecución del sistema que imponen las normas -dice Milano en su fallo en alusión al decreto- podría llegar a ocasionar perjuicios de toda índole, que pese a su posible reparabilidad, no dejan de merecer una rápida tutela judicial".
El juez también ordenó al Poder Ejecutivo "abstenerse de aplicar" el decreto "durante el trámite de la presente acción de amparo".
La petición fue realizada por los diputados aliancistas disidentes Elisa Carrió, Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Héctor Polino. La preparación de la apelación al fallo está comandada por el subsecretario de Previsión Social, Jorge San Martino, dijeron las fuentes de la cartera laboral.
Una decisión muy polémica
El decreto de necesidad y urgencia fue anunciado por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre del año pasado y dispone, entre sus medidas principales, la eliminación de la prestación básica universal (PBU) y su reemplazo por una prestación solidaria, además de incrementar la edad jubilatoria de la mujer a los 65 años.
En este último caso, a raíz del rechazo de legisladores oficialistas y opositores, se optó al último momento por una solución intermedia: la beneficiaria podrá optar jubilarse entre los 60 y los 65 años, pero con un haber diferenciado de acuerdo con la edad que elija para retirarse.
El rechazo en la Cámara de Diputados no se hizo esperar y a los pocos días de promulgado el decreto tanto frepasistas cuanto justicialistas anunciaron que en marzo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias, propiciarán la derogación del decreto.
La Ciudad
