Isidoro Gilbert
El modo de rememorar y condenar el golpe del 24 de marzo de 1976 que derrocó a María Estela Martínez de Perón y que desbrozó el camino al terrorismo de Estado divide aguas dentro de la Alianza. Por lo pronto, ya comenzó un forcejeo por imponerle contenido a la ominosa fecha, cuyo cuarto de siglo movilizará a vastos sectores políticos y sociales, además de las diversas entidades defensoras de derechos humanos.
El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, se exhibe reacio a que el recuerdo de ese día involucre de algún modo, directa o indirectamente, a las Fuerzas Armadas, a pesar de que en su momento el jefe del Ejército en tiempos de Carlos Menem (general Martín Balza) hizo una expresa condena al terrorismo de Estado, lo que constituyó una severa autocrítica al accionar militar durante la dictadura.
López Murphy hizo saber días atrás su oposición a que el gobierno se haga cargo de la difusión del informe conocido como Conadep II (sobre el que La Capital informó el 27 de enero), elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, piloteada por la frepasista Diana Conti, con la colaboración del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y otras entidades.
Allí se esbozó el plan de lanzamiento del Conadep II, que precisa en alrededor de 10.000 los detenidos desaparecidos en los años de plomos -unos dos mil más que los registrados en el informe elaborado en 1985 por la comisión que encabezó Ernesto Sábato-, pero que no incursiona más de lo que se conoce sobre el listado de represores incluidos en el trabajo realizado en tiempos de Raúl Alfonsín.
Además, el nuevo documento añade datos sobre presos políticos, documenta operaciones persecutorias contra los intelectuales y ofrece otros elementos.
Esta actualización, preparada con motivo del cuarto de siglo del golpe de Estado, será publicada en Internet en cualquier caso: sea por el gobierno o por organizaciones sociales. En el plan de lanzamiento se contemplaba su entrega al presidente Fernando de la Rúa en ceremonia en la que deberían estar presentes gobernadores, legisladores, dirigentes de organizaciones humanitarias, los jueces que condenaron a los comandantes de la dictadura y otras figuras. El titular de Defensa será el encargado del discurso ante las FFAA.
El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, que apoya el nuevo informe y su difusión, recibió de su hermano el presidente la orden de "frenar la pelota", según contó a este diario una fuente segura. Fue a partir de la difusión que le dio al asunto La Capital, luego abordado por diarios nacionales.
López Murphy se comunicó varias veces con la subsecretaria Conti para conocer detalles del trabajo, pero no abrió juicio, cuenta el informante. Pero el ministro acaba de dar una señal muy fuerte al oponerse a que el edificio de la Esma sea convertido en Museo de la Memoria, como lo dispuso la Legislatura porteña. Los terrenos donde está la Esma pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, pero hay un proceso litigioso. Lo que definirá la posible controversia es la decisión política.
También entró en una nebulosa el llamado Libro Blanco preparado por el Ministerio de Justicia, que compila toda la jurisprudencia en materia de derechos humanos, incluida la sentencia contra los comandantes, para definir la postura oficial ante los pedidos de extradición de oficiales que en el pasado fueron acusados de delitos aberrantes.
El texto reivindica el principio de territorialidad, que no solamente niega extraditar a militares argentinos, sino que acepta que si alguno de ellos es detenido y procesado en el exterior, no recibirá más auxilio que el consular. Tal es el caso del capitán de fragata Ricardo Miguel Cavallo, cuya extradición a España está por definir el canciller mexicano Jorge Castañeda.
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Jorge de la Rúa apoya la publicacicón del informe. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
