Cañada de Gómez: amenazan a una jueza que investiga casos de corrupción policial

La jueza de instrucción de Cañada de Gómez, Ana María Bardone, denunció haber recibido amenazas de muerte en su domicilio, según trascendió de fuentes policiales. La presentación se realizó en el Juzgado de Instrucción de la 6ª Nominación de Rosario.
La denuncia fue radicada el viernes pasado, aunque trascendió recién ayer. Al ser consultada por este diario, la jueza Bardone se excusó de hacer comentarios.
En tanto, se dispuso que efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales realizaran tareas de custodia en el domicilio de la jueza, situado en 7 de Octubre 1064, en Cañada de Gómez.
La presencia de efectivos y un móvil de las TOE en la puerta de la casa de la jueza fue visible durante el fin de semana. Las TOE fueron encargadas además de investigar las amenazas, que según voceros extraoficiales podrían tener relación con la investigación que la jueza desarrolla sobre presuntos hechos de corrupción policial en el departamento Iriondo.
Esa investigación se inició a partir de un robo de 34 mil litros de nafta, en un clásico golpe de piratas del asfalto. La primera derivación inesperada de la investigación fue el hallazgo del combustible en una estación de servicios de la localidad de Correa.
El titular del comercio y su hijo fueron detenidos por la policía, así como uno de los presuntos ladrones del cargamento de nafta. Al mismo tiempo, a partir de elementos obtenidos por las TOE, se inició una investigación sobre presunta complicidad de efectivos de la Unidad Regional X con piratas del asfalto. En ese sentido, surgió la sospecha sobre la existencia de una zona liberada en un tramo de la ruta 9.
Luego, la jueza cañadense ordenó el allanamiento de la Jefatura de la Unidad Regional X y la detención de cuatro policías, entre ellos el ex jefe de Unidades Especiales, Carlos Magra. Los cuatro efectivos recuperaron luego la libertad, tras ser sospechados de complicidad con un delincuente -al parecer, a la vez un informante policial- dedicado al robo de vehículos.
A fines de diciembre, el jefe de la policía provincial, José Storani, dispuso el desplazamiento de catorce policías de la Unidad Regional X, para que "la jueza investigue con tranquilidad".