Humboldt. - En lo que en la práctica fue la primera audiencia pública prevista en la ley de medio ambiente, aún no vigente en la provincia, autoridades de toda la región, ambientalistas y funcionarios del área, fueron protagonistas de una jornada con más discrepancias que coincidencias en torno a la crítica situación creada por los índices contaminantes en esta parte de la gran cuenca lechera santafesina.
En este marco, en el caso de la contaminación en Rafaela, los representantes comunales y la Organización Vivir, de Esperanza, fueron los que cuestionaron con mayor dureza lo que calificaron de inacción por años de los gobiernos municipales y en particular de Secretaría de Medio Ambiente, manteniendo incluso encontronazos con su titular, Lorenzo Domínguez.
El funcionario, que estuvo acompañado por el director del organismo, Aníbal Vázquez, pronunció un extenso discurso donde reconoció que "durante muchos años no hubo preocupación ambiental" y que hoy "se debe ejercer el control, definir cuáles y quiénes son los que emiten determinados contaminantes, y fijar plazos para que hagan, por un lado el control de los efluentes, y por otro producciones limpias".
Sin embargo, en su exposición Domínguez no hizo mención a uno de los datos conocidos por muchos de los presentes: que durante todo 1999 no se hicieron controles ambientales en toda la provincia y que los recursos presupuestarios de esta área vital son casi misérrimos, actitud que generó una marcada molestia entre los concurrentes.
El secretario, que hizo conocer algunos registros tomados por su organismo en noviembre, que La Capital diera a conocer tiempo atrás, no la pasó muy bien sobre todo cuando sostuvo que "la muerte de los peces en los cursos de agua se debía a causas naturales y a residuos orgánicos", cuando es por todos conocidos, como deduce del monitoreo realizado en noviembre pasado, los efectos de los metales pesados sobre la fauna ictícola.
Inacción oficial
Tal vez el momento más comprometido fue cuando la organización no gubernamental Vivir, ante el silencio del intendente esperancino, Rafael Di Pache, cuestionó con firmeza la inacción de las autoridades ante el depósito de residuos peligrosos y barros estabilizados que realiza la firma Sadesa en la cava ubicada en las calles Janssen y Ramb, situación que sería planteada en los próximos días más al gobernador Carlos Reutemann por el grave riesgo que representa para la población.
En ese sentido, Domínguez respondió que la actual planta de tratamiento de la curtiembre recupera el cromo trivalente, pero reconoció que "la cava no está en regla" y que se ha intimado para que se regularice la situación. "Por años, allí se depositaron restos de cueros y deshechos y desde que está la planta de tratamiento se arrojaron los barros estabilizados, a los que apenas tapan con algunas capas de tierra", le dijeron desde la ONG Vivir.
Sin embargo, éste no fue el único hecho denunciado por la gente de Esperanza. Un vecino de esa ciudad denunció la quema que se hace de la viruta de cuero en hornos de ladrillos y el peligro que las emanaciones representan por las propiedades cancerígenas de las algunas de las sustancias que se incorporan a la atmósfera.
Otra denuncia puntual estuvo relacionada a la fabricación de cromo que formuló otro de los presentes en la reunión, quien es vecino a la planta industrial de Sadesa (ver recuadro).
De la convocatoria, presidida por el titular de la comuna de Humboldt, Germán Kahlovl, tal vez lo más positivo haya sido la decisión de las comunas, gobierno provincial y entidades ambientalistas de formar una comisión que consensuará las medidas destinadas a acelerar al máximo la puesta en marcha de la planta de tratamientos de efluentes industriales de la UTE Norte de Rafaela, que comprende a las empresas Rafaela Alimentos, Sodecar y Molfino.
Respecto de este tema, el cruce fuerte de opiniones fue entre los representantes de gobiernos comunales, como los de Florencia, Pilar, Nueva Torino y Rivadavia, y el club de caza y pesca El Zar -una de las ONG con mayor presencia activa en defensa del medio ambiente en la zona- y la secretaria de Planeamiento de Rafaela, Silva Muda.
Los representantes comunales reiteraron las denuncias por la mortandad de peces y la presencia de tóxicos que afectaron no sólo a la flora y fauna de los cursos de agua y sus cercanías, sino también a todos los vecinos cuyas fincas se encuentran en los márgenes de los arroyos del lugar.
En estos momentos, en Rafaela las curtiembres no están utilizando cromo para sus actividades, pero el arroyo Las Prusianas sigue trasladando cromo, a raíz de que la sedimentación existente hace que el agua siga transportando ese metal pesado, aunque con niveles más bajos en comparación con los registrados tiempo atrás.
En esta región, el curso de agua de la Cañada de Flexia es la que está transportando una gran carga orgánica, como productos derivados de las industrias alimenticias, cuyos componentes producen sulfuros, sulfatos, ácido sulfídrico que a su vez producen mortandad de peces.
Cambio de actitud
Si bien las exposiciones y la respuesta de Lorenzo Domínguez no dejaron conformes a muchos de los presentes del encuentro, en particular las ONG, para el titular de la comuna de Humboldt salió en respaldo de Medio Ambiente y su titular. "La provincia antes no hablaba de este tema y Domínguez vino a decirnos: "Señores, los empresarios se tienen que hacer responsables de eliminar los efluentes con los tratamientos que la ley les exige", afirmó Kahlovl.
Esa línea de pensamiento no fue compartida por algunas de la organizaciones no gubernamentales, que como el caso de Vivir se mostraron muy disgustadas por la falta de decisión en torno a lo que está sucediendo en Esperanza, donde la dependencia provincial anunció que se dispuso la realización de un estudio epídemiológico de toda la ciudad.
La Ciudad
