El interventor en la Caja de Jubilaciones, Fernando Bondesío, anunció ayer la bancarización de unos 800 jubilados que perciben sus haberes por fuera del sistema de pago implementado a través del Nuevo Banco de Santa Fe, con el objetivo de evitar que el descontrol existente en este sector de pasivos continúe generando estafas como la recientemente descubierta, por más de 200 mil pesos. Al mismo tiempo, el funcionario anticipó que a partir del 1º de febrero se iniciarán auditorías sin distinción de colores políticos en municipios y comunas para comprobar si existe evasión, y lo mismo sucederá con los colegios privados.
Serían varios los colegios privados -la mayoría de Rosario y muy reconocidos- que ya tienen en el debe numerosas cuotas atrasadas del convenio firmado para el pago de deudas por aportes.
Bondesío sostuvo que existe un total descontrol del sector de jubilados residentes en otras provincias y en el extranjero. Para resolverlos, implementó un cambio de clave y un reempadronamiento total de los pasivos, fórmulas que se aplicarán en forma conjunta con el Nuevo Banco de Santa Fe.
El funcionario explicó que en la practica se trata del pase de 800 beneficiarios a la acreditación de haberes con Caja de Ahorro, mediante una tarjeta de debito. O sea, "la Caja de Jubilaciones transferirá los fondos a la entidad crediticia y esta realizará las derivaciones necesarias", precisó. Esta reforma operará a partir del próximo mes de febrero.
Los nuevos casos detectados
El interventor en la Caja denunció que se han "detectado once nuevos casos de cobro indebido de beneficiarios muertos en otras provincias, y que en esta oportunidad por un monto que supera los 216.000 pesos".
Las estafas se efectuaron en Tucumán, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Buenos Aires y Córdoba y salieron a la luz por un entrecruzamiento de datos entre los registros propios y los que posee el Registro Nacional de las Personas.
Un beneficiario sin domicilio
"Como novedad se puede destacar el hecho de que cuatro de ellos figuraban en la planilla de liquidaciones de pagos de haberes con domicilio en la provincia, mientras que para el Registro Nacional de las Personas se encontraban domiciliados en otros lugares, incluso hay un caso en que el beneficiario carecía de domicilio en la planilla de liquidación de haberes.
En cuanto al tiempo que permanecieron estafando al sistema previsional, en promedio se trata de un período entre los ocho meses y cinco años, pero hay una persona que murió en 1987 y se le dio de baja recién en 1997, y otro que falleció en 1985 y fue dado de baja en 1997. Luego, durante 12 años alguien se llevó 77 mil pesos.
La Ciudad
