Editorial

Uso de los fondos públicos

La eficaz gestión por parte del vicegobernador que culminó con éxito el reclamo de ocho millones de pesos en ATN que, sin reconocerlos, la Nación adeuda a esta provincia ha reactualizado un viejo problema que hay que solucionar. Es el de la utilización arbitraria y política de los fondos públicos, que muchísimas veces son distribuidos de manera arbitraria, según el color partidario de quien lo recibe.
Tales recursos constituyen un bien común que los gobiernos administran en nombre del Estado. Deben hacerlo según las normas vigentes, con la mayor transparencia y al solo efecto de alcanzar los objetivos para los que fueron creados. Es decir, ningún gobierno puede utilizarlos arbitrariamente o sin razones fundadas.
Para que todos estos recaudos se cumplan de manera estricta y al margen de la específica administración de Justicia que, generalmente, opera sobre el hecho consumado, el Estado -en esta caso la Nación- cuenta con diversos organismos encargados de auditar el destino de ese dinero y si su disposición se ha realizado conforme a derecho. Uno de tales organismos es la Sindicatura General de la Nación (Sigén), repartición que hizo conocer el descubrimiento de una auditoría de 1997 sobre la utilización, durante 1994, 1995 y 1996, de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Auditoría que, sugestivamente, permaneció inactiva y sin resolución final. Recuérdese que los ATN son fondos extraídos de la coparticipación fiscal que, con competencia del Ministerio del Interior, el Estado dispone en reserva para ayudar a las provincias en caso de emergencias.
Al margen de las numerosas observaciones de irregularidades que no acabaron en sanciones y de las violaciones a las leyes que se habrían producido, circunstancias que resultan imposibles de analizar aquí, un hecho llama poderosamente la atención. Tiene que ver con el tratamiento discrecional y preferencial otorgado por el gobierno nacional de aquel entonces a La Rioja, como se recordará terruño natal del entonces presidente, Carlos Saúl Menem.
Con la excepción de Neuquén, que sólo en 1996 recibió 25 millones por ATN, durante los tres años mencionados el resto de las provincias no superó los 20 millones. La Rioja, en cambio, obtuvo algo más de 120 millones en 1994; 110 millones en 1995 y 100 millones en 1996.
La diferencia con el resto del país es enorme y, en consecuencia, notable. Habla, sin dudas, de un trato preferencial por parte del entonces primer mandatario y sus colaboradores. Trato que supera cualquier recato y aplasta la más mínima prudencia, máxime si se considera que tan altos montos se destinaron en su mayor parte a solventar gastos corrientes antes que a enfrentar situaciones de verdadera emergencia, como podría ser una catástrofe. Asombra que antes que una república, para algunos el país haya podido ser, en cuestiones de administración de recursos, una verdadera monarquía absoluta, para colmo de males dispendiosa con los dineros ajenos.