La titular del Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro), María Herminia Grande, reclamó al gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, que "disponga el retiro de sus fuerza policiales de las islas General Juan Pistarini y Sabino Norte y Sur", más conocidas como el Banquito, y a la intendenta de Victoria, Gracia Jaroslavsky, a que "cese el ejercicio del poder tributario de esa municipalidad sobre el lugar". También, en una notificación enviada a la Municipalidad de Rosario y al Ministerio de Gobierno santafesino, intimó a los ocupantes ilegales del Banquito (un terreno de 45 hectáreas frente al centro de Rosario) para que regularicen su situación. De esta manera, se comienza a escribir un nuevo capítulo del conflicto limítrofe entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos por la posesión de estas islas. Desde que La Capital hizo público el tema hace tres semanas, los funcionarios a ambos lados del Paraná están en pie de guerra.
El Banquito está en jurisdicción de la provincia de Santa Fe, pero en la actualidad la posesión real la ejerce la Municipalidad de Victoria. Tal es así que en ese lugar la seguridad la brinda la policía de Entre Ríos y la Intendencia de la vecina ciudad entrerriana cobra tasas y otorga las habilitaciones de los balnearios a los que concurren miles de rosarinos todos los fines de semana.
Un ultimátum
El pasado 12 de enero, la titular del Enapro envió sendas notas a la Municipalidad de Rosario, al Ministerio de Gobierno santafesino y a la Intendencia de Victoria, en donde hace un diagnóstico del conflicto.
"Por carencia de comunicaciones internas de la provincia mesopotámica, la Municipalidad de Victoria viene ejerciendo poder tributario y de control, y la policía de Entre Ríos actuando como si se tratara de su propio territorio", expresa María Herminia Grande en un párrafo de la notificación a las autoridades, al que accedió este diario.
La carta también indica que se ha solicitado "la intervención del gobernador entrerriano, Sergio Montiel, a fin de que disponga el retiro de sus fuerzas policiales"; se pide "la intervención del Ministerio de Gobierno santafesino de manera que se disponga servicio policial para ese territorio cuando se produzca el retiro de las fuerzas entrerrianas", y reclama "el cese del poder tributario y de control que lleva a cabo la Municipalidad de Victoria". También se solicita "a los concejales de Victoria que se abstengan de legislar sobre estas tierras" y se intima a los ocupantes de las islas a "regularizar su situación".
A la Municipalidad de Rosario, por su parte, se le requiere que "ejerza efectivamente los controles que le competen".
Un conflicto paso a paso
La documentación es clara y habla por sí sola. El gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, les otorgó entidad territorial a las islas General Pistarini, Corsi Sur y Corsi Norte en el año 1968, y al definirse el trazado del canal oriental del Paraná estas islas pasaron a conformar suelo santafesino. En el 94, fueron empadronadas como dominio fiscal bajo la jurisdicción de la ciudad de Rosario. Tal es así que hasta la Municipalidad de Rosario emite bimestralmente la tasa por esos terrenos.
En el 96, el intendente Hermes Binner le solicitó al entonces gobernador Jorge Obeid el traspaso de estas tierras al municipio rosarino. Sin embargo, un año más tarde el Banquito fue cedido en comodato al Enapro.
El decreto 803 establece que esta cesión se hizo "para que las tierras fueran afectadas al desarrollo de las actividades portuarias" y el por entonces titular del Enapro, Carlos Bermúdez, repitió hasta el hartazgo que este lugar "fue destinado para el amarre de barcazas que operan con el puerto local". Incluso existe un estudio morfológico del territorio, que concretó la consultora holandesa Hidronamic SA a pedido del Enapro.
Mientras la policía de Entre Ríos se encarga de la custodia de las 10 mil personas que desembarcan todos los fines de semana en el Banquito, es el Enapro el que paga las tasas de alumbrado, barrido y limpieza que emite la Municipalidad de Rosario.
Es más, el 11 de agosto del año pasado el director de Catastro de Entre Ríos, Alberto Solterman, reconoció en una nota enviada a la Dirección de Catastro santafesina que las tres islas en cuestión "están en jurisdicción de la provincia de Santa Fe".
Pero los paradores Vladimir, Costa Esperanza y Punta Arenas que explotan comercialmente el banquito tramitaron sus permisos de habilitación ante la Municipalidad de Victoria, que se los concedió.
Luego de que este diario publicara hace tres semanas un informe desnudando este conflicto limítrofe, la intendenta de Victoria, Gracia Jaroslavsky, salió a la carga: "Las islas son entrerrianas, no nos vamos a ir. Si se plantea un conflicto, se resolverá en la Justicia".
La Ciudad
