cartas

Los cambios en las obras sociales

Ante la escasa cobertura de la audiencia pública convocada por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud para rendir cuentas de la gestión del 2000, la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario desea hacer público lo sucedido en el acto. Se destacó como altamente positivo el compromiso del superintendente en cumplir con las pautas preestablecidas, la transformación del sistema retributivo de obras sociales en un sistema redistributivo, más solidario, que garantice un mínimo de cobertura de cápita portante de $20 (cotización dineraria) de cada beneficiario, ya sea titular o familiar directo, y un promedio de $32 estimados para todo el país. Se hizo especial hincapié en la descripción del nuevo modelo prestacional PMA- PMO y de la puesta en marcha del sistema de competencia regulada entre todas las obras sociales, comunicando también que en breve plazo se incorporarán otros agentes en forma voluntaria, como las prepagas, obras sociales de las Fuerzas Armadas y Seguridad, probablemente el Pami y la invitación a las obras sociales provinciales. Sin embargo, a pesar de estos anuncios, quedan pendientes aspectos significativos que no tuvieron respuestas concretas. ¿Cómo y cuándo pagará el Estado la deuda que mantiene con las obras sociales? ¿Cómo se cancelarán los pasivos que mantienen las obras sociales actuales con los prestadores? ¿Cuál es el costo del nuevo PMO? (taza de utilización y precio de prestaciones) que permitirá asegurar un financiamiento dinerario de $32 promedio por persona, para la cobertura total de la salud? Los expertos sanitarios más encumbrados sostienen que no hay ningún esquema por el cual se pueda definir un paquete de prestaciones básicas. Tampoco queda claro y es necesario asegurar la implementación de mecanismos de recaudación que impidan la mora y evasión actual. ¿De qué manera la Superintendencia a través del Fondo Solidario de Redistribución puede técnicamente asegurar a los beneficiarios que las prestaciones incluidas en la ex APE (Administración de Prestaciones Especiales) puedan ser financiadas y efectivamente cubiertas con la suma dineraria de $1 por beneficiario y que los fondos serán administrados por la propia Superintendencia? Finalmente, es imposible propiciar un modelo de salud en el que no se contemplen la igualdad y equidad de todos los actores, tanto en el área financiera (obras sociales y prepagas) y prestadora (hospitales públicos, privados, clínicas y sanatorios), es decir que la equidad tributaria debe ser similar para todos los actores en cualquier segmento en que se encuentren, y de esa manera poder hablar de competencia regulada, equidad y solidaridad.
Adriana Lobo, gerente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario