Editorial

Demanda industrial razonable

La crisis económica, que ahora parece empezar a revertirse, obliga a favorecer las mejores y mayores condiciones posibles con el fin de que todos los emprendimientos productivos actualmente en marcha no resulten afectados por cuestiones en cierta medida ajenas a lo que concierne a su realidad específica. Esto, por supuesto, dentro de lo razonable, a partir de una acción guiada por el sentido común. El hecho que motiva estos argumentos -por el momento estaría superado- debería servir como alerta en torno de su eventual repetición en otras latitudes.
Se trata de la seria advertencia formulada por pequeñas y medianas empresas industriales radicadas en el barrio Luzuriaga de Villa Constitución, en el sentido de que, de persistir el acoso que dicen padecer por parte de algunos vecinos descontentos con su funcionamiento, se trasladarían a otras poblaciones, como San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, o Theobald y Pavón, en Santa Fe.
Con el apoyo del Centro Comercial, la Unión Obrera Metalúrgica y el Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos y Metalúrgicos, los industriales argumentaron que, con habilitación municipal en regla, sus firmas se radicaron originalmente en el sector porque, ruta 21 por medio, allí ya funcionaba Acindar, una de las tantes grandes empresas que, a lo largo y ancho del país, son abastecidas por las pequeñas y medianas industrias villenses. Además, en esa época no había allí viviendas particulares.
Con el paso del tiempo, la situación fue cambiando. Esto porque, en virtud de no existir una planificación clara, también se autorizaron construcciones para habitar. En la actualidad, el 80 por ciento de la superficie del barrio Luzuriaga es ocupado por las industrias cuestionadas, que en total dan trabajo a unas 700 personas. Es decir, los emprendimientos productivos son absoluta mayoría. Es más, en razón de la gran competitividad que enfrentan, funcionan con alta tecnología muy poco contaminante y, caso poco común en estos tiempos, tienen planes de expansión.
Con acierto, el intendente de Villa Constitución tomó cartas en el asunto, inclinando su parecer en favor de las empresas. Horacio Vaquié prometió solucionar el problema del que no se asume como responsable, pues todo comenzó, dijo, en 1975, cuando él no gobernaba. Se comprometió a hacerlo en forma definitva mediante la zonificación del sector como de uso industrial o mixto.
A diferencia de otros casos, donde se viven situaciones realmente graves, el de la pujante ciudad del sur se presenta abierto a una solución razonable. Es de esperar que en estos tiempos argentinos tan difíciles esa meta sea finalmente alcanzada.