Carlos Duclós
El juez civil y comercial durante la feria, Jorge Scavone, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la empresa de ferrocarril Ferroexpreso Pampeano SA y ordenó a los municipios de Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Muñoz que se abstengan por ahora de reclamar el pago de la tasa general de inmuebles a la mencionada firma. El ferrocarril realizó un estudio contable y advirtió que si los 395 municipios por donde pasa su ramal reclamaran el pago de ese tributo la deuda ascendería a más de 26 millones de pesos y así no se podría prestar el servicio.
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y la comuna de Pueblo Muñoz reclamaron en 1996 el pago de la tasa general de inmuebles a esta empresa. Ante la negativa de ésta a efectuar el pago -que nunca se hizo cuando los ferrocarrilles estaban en manos del Estado nacional- iniciaron un juicio por apremio.
El año pasado las dos comunas volvieron a realizar demandas en el fuero civil, tramitándose en los juzgados a cargo de los jueces Ricardo Heitz, Rodolfo Bruch, Mario Chaumet y Hernán Carrillo, reclamando cada una el pago de cincuenta mil pesos en concepto de capital, más los intereses y costas.
La empresa -representada por el abogado Wilfredo Scarpello- interpuso recursos de inconstitucionalidad ante la Corte, los jueces no hicieron lugar y antes del inicio de la feria judicial uno de los juzgados autorizó a la comuna de Pueblo Muñoz a retirar los fondos que oportunamente habían sido embargados.
El profesional dijo que es la primera vez que ocurre en el país que un municipio reclame al ferrocarril el pago de la tasa. El precedente determinó que cinco municipios de la provincia de Buenos Aires reclamaran también el mismo pago a la empresa. Scarpello señaló que si las 395 comunas por donde pasa el ferrocarril pretenden el pago de este tributo la empresa no será rentable y levantará el servicio.
El abogado dijo que "esta cuestión tiene muy preocupada a la empresa que hasta hoy no fue escuchada por la Justicia", aunque destacó el fallo de Scavone quien hizo lugar a una medida de amparo y ordenó a los dos municipios no reclamar el pago del tributo hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la cuestión de fondo.
Scarpello expresó "que estas municipalidades nunca le reclamaron al Estado nacional el pago de estas tasas cuando explotaba los ferrocarriles y ahora que el servicio fue concesionado a empresas privadas se intima al pago", y añadió que con el reclamo del pago de la tasa, la actividad comercial de la empresa se hace inviable.
Respecto de las resoluciones de los jueces rosarinos que posibilitaron el embargo y el cobro de la deuda, Wilfredo Scarpello, dijo que "no advirtieron la inmensa cantidad de fallos que hay en la Corte de Justicia de la Nación en relación a privilegiar las potestades tributarias federales por sobre las potestades tributarias locales cuando se encuentra comprometido un servicio público".
Scarpello remarcó que hay abundante jurisprudencia de la Corte donde se prioriza la actividad no sólo de las empresas de ferrocarriles, sino de telecomunicaciones y de radiodifusión "donde no está solamente comprometido un interés local, sino nacional". El profesional enfatizó que hay que privilegiar en este caso la ley federal que determina que "este tipo de actividad está exenta de todo tributo. Norma legal que fue fundamental -dijo- para que en el país se hicieran grandes obras con las que se posibilitó el desarrollo".
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La Ciudad
