La nueva ley de extranjería, que entró en vigor ayer en España acompañada de duras críticas de la oposición, sindicatos y organizaciones sociales, hace que decenas de miles de inmigrantes ilegales, entre ellos muchos latinoamericanos, teman ser expulsados del país de forma inminente. Ante la posibilidad y en un intento por calmar los ánimos, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, afirmó que no habrá una expulsión masiva de indocumentados ni tampoco una "caza y captura" de extranjeros sin papeles. Al mismo tiempo, anunció que se negociarán convenios laborales con Ecuador, Marruecos y Polonia, tres de los países que más mano de obra aportan a España.
Con este objetivo, el delegado del gobierno para Extranjería e Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, viajó ayer, junto con el ministro, a Marruecos, y hoy lo hará a Ecuador, país con el que se podría acordar un cupo anual de hasta 40.000 inmigrantes con permisos de trabajo temporales.
"Hay quienes desean que diga que voy a ordenar la caza y captura de los inmigrantes, pero no lo voy a decir", indicó el ministro en alusión a las críticas por la nueva ley, al tiempo que puntualizó que la normativa es "una necesidad y una exigencia, y no un capricho". Sin embargo, reconoció también que la reforma "no es una panacea".
Protestas
Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley y apoyadas en parte por la Iglesia continuaron ayer en distintos puntos del país las acciones de protesta de inmigrantes que piden papeles para quedarse. Al respecto, los párrocos de las iglesias de Santa María del Pi y de Sant Agustí, que acogen en Barcelona a unos 400 extranjeros en huelga de hambre, aseguran que han adoptado esta decisión por razones humanitarias. "La ley del Evangelio es más fuerte que la ley de extranjería", alegaron.\La normativa, aprobada por el Parlamento en contra de la oposición con los votos del gobernante Partido Popular (PP), que tiene en la Cámara mayoría absoluta, afecta sobre todo a los cerca de 90.000 inmigrantes cuyas solicitudes fueron rechazadas el año pasado en el proceso extraordinario de regularización, en el cual fueron legalizados casi 140.000 extranjeros.\No obstante, organizaciones sociales calculan que en España hay hasta 300.000 "indocumentados" más de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE).\Entre los "sin papeles" cuyas peticiones de legalización fueron denegadas hay 4.426 ecuatorianos, 3.248 colombianos, 724 brasileños y 575 argentinos, si bien de este colectivo el más numeroso es el de los marroquíes, con 30.941 afectados.\De acuerdo a la nueva normativa, los extranjeros que vivan irregularmente en el país no tienen derecho a manifestarse, sindicarse, hacer huelga o asociarse. Además la legislación ahora vigente, considera que vivir irregularmente o trabajar sin permiso es una "infracción grave" y los extranjeros que sean hallados en estas circunstancias podrán ser expulsados en dos o tres días.\En tanto, la administración española ya anunció que volverá a examinar la situación de unas 61.000 personas a las que se le denegó la regularización sólo por no haber podido demostrar que estaban en el país antes del 1º de junio de 1999.\Aquellos que se beneficien de esta "repesca" o segunda oportunidad podrían ser incluidos en el contingente anual de trabajadores extranjeros que admite España. Mientras, los sindicatos denunciaron que la normativa condena a los inmigrantes ilegales a ser explotados por empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de su situación. En este sentido, la secretaria ejecutiva confederal de Migraciones de la Unión General de Trabajadores (UGT), Almudena Fontecha, señaló que la ley de extranjería es "un callejón sin salida" para los afectados y exigió permisos de trabajo para ellos.
La Ciudad
