El abogado Héctor Recalde, de la CGT disidente, pidió ayer a la Justicia que investigue si durante la gestión ministerial de Domingo Cavallo se malversaron fondos para pagar coimas en el Congreso nacional a cambio de la aprobación de la reforma laboral impulsado por el entonces presidente Carlos Menem.
El planteo formulado ante el juez federal Carlos Liporaci se relaciona con el tratamiento de la ley 25.250, de reforma laboral, entre otras iniciativas parlamentarias, y reclama además la investigación de los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho.
El abogado basó su denuncia ante Liporaci -el juez que investiga presuntos sobornos a senadores durante la sanción de la última reforma laboral- en dichos del ex vicepresidente Carlos Alvarez y en el contenido del libro "El divorcio", del periodista Martín Granovsky.
Recalde reseñó que meses atrás, cuando Alvarez declaró como testigo ante Liporaci por las denuncias de presuntos pagos de coimas en el Senado, pidió que se investigara si los sobornos formaban parte del mecanismo habitual para la aprobación de leyes en el Congreso de la Nación.
El denunciante mencionó también un pasaje del libro de Granovsky, en el que el autor le atribuye a Cavallo una frase sobre en el sentido de que los denominados fondos reservados servían para "sacar leyes".
Según el libro, en una reunión celebrada entre Cavallo, Alvarez, el diputado José Vitar y la entonces diputada Graciela Fernández Meijide, el entonces titular del Palacio de Hacienda les dijo que "por favor no hablen más de los fondos reservados, porque esa es la plata que hay para sacar las leyes".
Recalde añadió que días atrás el periodista Granovsky ratificó lo publicado sobre los dichos de Cavallo.
El abogado conjeturó, en consecuencia, que si los fondos reservados eran utilizados para "sacar leyes", hubo "malversación de fondos", porque el dinero estaría aplicado a un fin que no fue el originalmente previsto.
El letrado sostuvo que en el caso "se presenta también el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público" por parte de quien dio la orden de afectar los fondos a un fin distinto al presupuestado y que, en el caso de la ley laboral, "se sumaría como ilícito el cohecho".
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La Ciudad
