Lucas Ameriso
El secretario de Planeamiento, Sebastián Bonet, confirmó a La Capital que las empresas de telecomunicaciones que instalaron soportes de antenas en escuelas, clubes, centros de salud y lugares de concurrencia masiva "tienen 10 días corridos para proceder a su desmantelamiento", de acuerdo a lo establecido en la última ordenanza aprobada por el Concejo Municipal el pasado 30 de noviembre. Se trata de unas 20 antenas que habían sido montadas cuando aún no regía la prohibición de colocarlas en esos sitios. De todos modos, restan unas 180 en la ciudad que tendrán dos años para aggiornarse a la normativa vigente. El tema promete una fuerte polémica entre el gobierno local y el sector privado porque, según se supo, se analiza la presentación de recursos de amparo en los Tribunales. Sin embargo, Bonet prometió ser inflexible: "Si no acatan la intimación, sacaremos las estructuras con un oficial de Justicia".
La última de las cuatro ordenanzas que el Concejo Municipal aprobó en relación a las antenas fue la más restrictiva de todas y fue gestada a pocos días de la tragedia desatada en el Club Banco Nación, cuando un soporte de 120 metros se desplomó al piso causando la muerte a un operario que realizaba tareas de mantenimiento.
La nueva norma establece que para obtener la habilitación de una estructura, el equipo deberá estar emplazado en un predio donde la zona de despeje sea igual a la altura de la torre, más otro cinco metros de seguridad.
Bonet reveló que "las empresas Nextel, Telecom (Personal), Unifón y Movicom ya han sido debidamente notificadas sobre las exigencias que plantea la nueva ordenanza, por lo que tienen 10 días corridos para desmantelar sus antenas en clubes, escuelas, centros de salud, instituciones intermedias y lugares de asistencia masiva".
En el informe oficial -al que había accedido La Capital en noviembre pasado- se había detectado que de las 139 antenas montadas en el ejido urbano, 23 habían sido intimadas a que regularicen la situación.
Ahora, el funcionario reconoció que "ya son 200 los expedientes por este tipo de soportes registrados en la Municipalidad, de los cuales entre 15 a 20 se sitúan en estos lugares de expresa prohibición".
Ya en diciembre, Planeamiento había remitido notas a las empresas de telefonía móvil "donde se las obligó a que informen la cantidad de estructuras que tenían en Rosario, al tiempo que el Ejecutivo los notificó de la ordenanza vigente", apuntó Bonet.
Cabe destacar que el propio Concejo había ordenado al Ejecutivo que intime a las compañías de celulares, pero también hay que aclarar que para el resto de las antenas que no están en lugares de concurrencia masiva o centros de salud existe un margen de dos años para la adaptación y readecuación de todos los soportes enclavados en la ciudad.
En este proceso de intimación se aguarda la reacción de las empresas, que ya tomaron contacto con el secretario de Gobierno, Antonio Bonfatti, para abordar la situación. Tema en el que Bonet propuso "generar consenso entre los sectores involucrados, con el fin de obtener un plan modelo que abarque a todas las compañías de servicios".
Tampoco es errado suponer que el sector privado concurra a la Justicia con el fin de solicitar un recurso de amparo, para continuar operando en las actuales condiciones del servicio.
"Hoy por hoy es muy difícil colocar una antena, a no ser que tenga menos de cinco metros de altura", reconoció el secretario de Planeamiento, quien hizo un repaso de toda la normativa desde el 98 en adelante.
"Primero se legisló a raíz de los inconvenientes presentados por la antena de Catamarca y Alvear. Luego se estableció un reglamento específico, en el que se fijaron requisitos sobre la tipología de estos soportes, y ya el año pasado se estableció que la zona de despeje a la medianera debía ser equivalente a un cuarto de la altura de estas antenas", recordó Bonet.
Con la muerte de un operario que realizaba el mantenimiento de un soporte en Rondeau al 2900, el legislativo local llevó todo a los niveles máximos permitidos y comprende no sólo al servicio de telefonía celular, sino a todas las telecomunicaciones en general.
En cuanto a la veintena de estructuras que se erigen en sitios donde rige la prohibición de instalación, Bonet enfatizó que "las van a tener que sacar", y adelantó que "de ser necesario, no habrá más remedio que hacer la denuncia, solicitar una orden de allanamiento y junto a un oficial de Justicia proceder a su desmantelamiento".
En la lista negra del Ejecutivo figuran en primer lugar el Colegio La Salle y el Club Oroño, entre otros.
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La Ciudad
