El represor Cavallo será enjuiciado en España

La Justicia de México concedió ayer la extradición a España del ex marino argentino Ricardo Miguel Cavallo, para ser juzgado por los delitos de genocidio y terrorismo durante la última dictadura militar. La decisión fue adoptada por el juez sexto de Distrito, Jesús Luna Altamirano, quien consideró procedente el pedido de extradición solicitado por el magistrado español Baltasar Garzón, aunque en su autorización no incluyó el delito de torturas por el que también se lo reclamó, pues consideró que está prescripto.
Ahora el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendrá 20 días para decidir si acepta o no la recomendación del juez sobre Cavallo, cuyos abogados anticiparon que presentarán un hábeas corpus para evitar la extradición.
La decisión judicial fue festejada en México por un nutrido grupo de familiares de ex desaparecidos durante el gobierno militar que usurpó el poder en Argentina entre 1976 y 1983 y de integrantes de organismos defensores de derechos humanos, que se juntaron para seguir de cerca el fallo.
Cavallo, ex teniente de fragata, fue detenido el 24 de agosto pasado en la ciudad balnearia de Cancún, al sudeste mexicano, durante la escala de un vuelo con el que pensaba viajar a Argentina.
Hasta ese momento Cavallo se desempeñaba como director del Renave, una cuestionada dependencia dedicada al control vehicular en el país azteca. La detención la concretó personal de Interpol, después de que el diario mexicano Reforma publicara una nota en la que sobrevivientes de la dictadura lo identificaron como un ex represor de la Esma.
El ex militar fue mencionado con los apodos de Sérpico, Ricardo o Marcelo y sindicado como responsable de numerosas desapariciones en 1979 y 1980, cuando era teniente de navío, del sector denominado la pecera de la Esma, donde se torturaba a los detenidos.
El fiscal del juicio a las juntas militares, Julio Strassera, imputó a Cavallo por 226 delitos de lesa humanidad, pero la acusación no prosperó por efecto de las leyes de obediencia debida y punto final del gobierno de Raúl Alfonsín.