Desaparecidos: designaron a dos jueces especiales

Santiago . - La Corte Suprema de Justicia chilena designó a dos jueces especiales que investigarán datos aportados por militares sobre el paradero de detenidos desaparecidos en los alrededores de a la capital.
Los datos provienen de un informe dado a conocer por el presidente Ricardo Lagos el domingo, en el que se establece el destino de unas 200 personas que fueron asesinadas y hechas desaparecer por agentes del estado durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
Se nombraron ministros para que se encarguen de verificar la efectividad de esos hechos, dijo a la prensa el integrante de la Corte Suprema, juez José Benquis. Familiares de las víctimas han manifestado su dolor y decepción ante la información entregada, dado que existen contradicciones entre los procesos judiciales abiertos por esos casos y los datos aportados por las fuerzas armadas. Es una burla, una mentira, una falta de respeto, había comentado el lunes la abogada Carmen Hertz, viuda de un desaparecido y querellante en uno de los múltiples juicios contra Pinochet.
Los ministros en visita que nominó el máximo tribunal chileno deberán establecer certeza respecto a la muerte de 26 personas, supuestamente enterradas de forma ilegal en dos fosas comunes. La jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Amanda Valdovinos, tendrá como misión encontrar 20 cuerpos depositados en un terreno cercano a un regimiento militar de la localidad de Colina, situada 40 kilómetros al nororiente de la capital.
El juez Héctor Carreño, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, deberá buscar una supuesta fosa donde se encontrarían seis cadáveres en la zona de Cuesta Barriga, 70 kilómetros al poniente de Santiago. El informe de los militares, que dio cuenta de la quinta parte del millar de desaparecidos en Chile, reveló que 150 de ellos jamás serán hallados, ya que fueron arrojados al mar o lagos y ríos en distintos puntos del país.
Los antecedentes revelados el domingo fueron recopilados a partir de un acuerdo suscrito entre militares y abogados de derechos humanos, alcanzado en la llamada mesa de diálogo.