Un total de 140 nuevas drogas son utilizadas actualmente en hospitales de Argentina para tratamientos experimentales de enfermedades, cuando una sucesión de denuncias penales por la muerte dudosa de pacientes sometidos a dos de ellas puso en dudas la efectividad de los controles vigentes.
Los laboratorios que logran autorización en el país para aplicar las drogas en humanos detallan en cuáles casos deben ser utilizadas, pero, no obstante, la Justicia sospecha que se registran irregularidades en la selección de pacientes, o que no se les informa sobre las contraindicaciones a efectos de que no opongan resistencia a ser medicados.
Las dudas sobre la incorporación incorrecta de pacientes a esos programas de experimentación se acrecentaron cuando se determinó que los laboratorios extranjeros contratan a investigadores argentinos y les pagan más de dos mil dólares por cada enfermo que recibe la droga.
Esa idea, de que los argentinos somos los cobayos para los experimentos de los laboratorios extranjeros, no es real, porque a ellos lo que más les interesa es la seriedad, aseguró el director de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Roberto Lugones.
El responsable de contralor de los experimentos, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, precisó que nuestro país es el más reconocido de la región, incluso superando a México y Brasil, en materia de controles en los ensayos clínicos.
Lugones explicó que las pruebas son monitoreadas por tres sectores independientes entre sí, con una alta capacidad de detección de irregularidades y que, si uno solo de ellos manifiesta disconformidad, se detienen inmediatamente o directamente no se realizan las experiencias.
Pese a reconocer que el organismo estatal cuenta con sólo tres inspectores para revisar los 140 programas experimentales -por lo que se realiza una sola inspección anual a cada uno- Lugones afirmó que los monitores (auditorías privadas) cumplen efectivamente con la misión diariamente.
La única posibilidad de que ocurra algo extraño en los ensayos clínicos es si algún investigador contratado fragua una historia clínica para incorporar al paciente al programa, aun si su perfil no coincide con el que se apunta en el tratamiento, definió.
Pero aclaró inmediatamente que esa posibilidad se puede dar en hechos aislados, porque si un investigador es detectado haciendo esto, no sólo enfrentará sumarios administrativos y causas penales, sino que se le termina la carrera, porque ningún laboratorio volverá a darle trabajo.
El otro lado de la moneda
En la Argentina los pacientes hacen lo que les dice el médico. Son crédulos, piensan en las ventajas y a veces firman (los consentimientos) sin entender en qué se meten, afirmó Samuel Finkielman, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari.
El experto se refirió de esta manera a la situación que derivó en una causa penal contra un equipo de investigadores del Hospital Naval de la Capital Federal, por la muerte de al menos tres pacientes sometidos a nuevos tratamientos cardiovasculares, que fue denunciado por el propio laboratorio que los contrató.
El médico Luis Garré y los científicos que lo acompañaban en el proyecto, fueron expulsados del Hospital Naval cuando el laboratorio que los contrató retiró el programa debido a las irregularidades descubiertas.
Ahora podrían ser sometidos a un proceso hasta por el cargo de homicidio, si así lo determina el fiscal de Instrucción porteño Lucio Herrera, que lleva adelante la investigación.
Fuentes judiciales informaron que Garré y su equipo serán indagados ni bien termine la feria judicial de enero, en el marco de la causa 63.5096/99, en la que se investiga la muerte de los pacientes Otilia Denis, de 74 años; Luis Corgiolu, de 67, y Carlos Massochi, de 40, pero mientras tanto sigue atendiendo pacientes en un hospital público.
De acuerdo a las denuncias de familiares, estos tres pacientes fueron engañados, sus firmas se falsificaron para confeccionar los consentimientos e inclusive se utilizaron, supuestamente, electrocardiogramas falsos para justificar la aplicación de la droga. Por cada uno de ellos los científicos cobraron 2.700 pesos, según los denunciantes.
La medicación en prueba fue la Enoxoparina0.6, incluida en el ensayo denominado Timi11-B, y la Cariporide, suministrada en el programa de ensayo bautizado Guardian, ambas fabricadas por el laboratorio estadounidense Hoeschst Marion Roussel/Aventis. El HMR/Aventis detectó las irregularidades a través de sus auditores contratados e inmediatamente suspendió las pruebas y comunicó la novedad a los comités de Etica y Docencia Médica, al Anmat y a la FDA (Dirección de Alimentos y Medicamentos) de EEUU.
La propia Armada Argentina, de la que depende el Hospital Naval, se presentó ante la Justicia con pruebas logradas en una investigación propia y se consideró particular damnificada por los científicos a los que expulsó.
La Ciudad
