El gobierno quiere licitar la nueva cárcel en tiempo récord

Sólo 30 días median entre la convocatoria y la apertura de sobres. La urgencia limita el número de ofertas

El colapso del sistema penitenciario en Santa Fe aceleró los tiempos políticos para la construcción de una nueva unidad penitenciaria en el sur de la provincia. Los plazos parecen ser tan urgentes que en los casi 30 días que van desde el llamado de la licitación hasta la apertura de sobres (el 15 de enero) se tiene que resolver un proceso en el que están en juego 27 millones de pesos.
El trámite sumario que se impuso al proceso licitatorio para la construcción del Complejo Penitenciario Provincial número 11, en un período recortado por los feriados de Navidad y Fin de Año, no deja demasiado margen de maniobra a las empresas oferentes, a no ser que tengan los deberes hechos con anterioridad.
Esto surge de los requisitos exigidos en el pliego, que por ejemplo obligan a los oferentes a presentar de antemano el compromiso de venta de los terrenos en los cuales se edificará la unidad penitenciaria, con el detalle (ajustado a los requerimientos oficiales) de la provisión de infraestructura básica urbana (luz, gas, cloacas, estudios hidráulicos y de suelos, etc.).
El llamado a licitación para la construcción de una cárcel con capacidad para más de 500 presos en un terreno ubicado dentro de un radio de 45 kilómetros de fue lanzado públicamente el 19 de diciembre. La iniciativa, que tiene un plazo de construcción de 540 días, comprende la edificación de cuatro minipenales con capacidad para más de un centenar de reclusos cada uno.
El proyecto de la cárcel en el sur santafesino no es nuevo. Ya en el 95 se convocó a una licitación para levantar dos unidades en Timbúes y Piñero, a la que presentaron las empresas Malvicino y Tecsa. Ese proceso se dejó sin efecto a partir de un dictamen del entonces Ministerio de Obras Públicas, pero sus efectos llegan hasta el día de hoy.
Es que los acotados plazos de la nueva licitación dibujan una cancha en la que indudablemente pueden jugar mejor los oferentes que participaron del anterior proceso. De hecho, Malvicino y Tecsa figuran entre las empresas que retiraron los pliegos. La venta de los mismos cerró el 26 de diciembre pasado, en cumplimiento del punto que estableció que se podían retirar hasta 20 días de la apertura de sobres. Otras firmas que se llevaron la documentación fueron Roggio, La Comercial del Plata y SGA.
Así las cosas, el gobierno pretende abrir el 15 de enero los tres sobres que deben presentar los oferentes: presentación y antecedentes, terreno e infraestructura urbana, y propuesta económica.
Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores de la provincia de Santa Fe y contar con una capacidad de contratación técnica necesaria de 17.847.586,69 pesos. Las exigencias podrán ser alcanzadas individualmente o constituyendo una Unión Transitoria de Empresas (UTE). En este caso sólo se permite la asociación de dos empresas. Una de ellas, la mandataria, deberá acreditar como mínimo el 60% de las exigencias en cuanto a capacidades.
Entre los requisitos mínimos exigidos a los oferentes figura la construcción en los últimos 10 años de por lo menos una obra de arquitectura análoga a la que se licita, es decir de la misma envergadura y complejidad. Se incluyen en este ítem complejos carcelarios, hospitalarios, educacionales, industriales, hoteleros, aeroportuarios y comerciales.
También debe presentar una declaración jurada en la que dice conocer el lugar propuesto de emplazamiento de la obra y las condiciones en que se ejecutará la misma. Entre otras cosas, el oferente debe presentar una constancia certificada del compromiso de venta por parte del propietario, válido por 210 días. También dejará por escrito que el precio ofertado para la obra incluye la garantía de compromisos de dotar al predio la infraestructura urbana necesaria.
El pliego advierte que serán rechazadas aquellas ofertas que por las características particulares del terreno propuesto modifiquen ostensiblemente el funcionamiento del complejo penitenciario que se desprende del proyecto oficial, o bien desvirtúen el espíritu del mismo.
Por último, en relación a las subcontrataciones, las bases prohiben que estas superen el 30% del monto contractual.