La desregulación del sistema de obras sociales quedó abierta desde ayer y permite la libre competencia en el sector entre las prestadoras gremiales y las empresas de medicina prepaga. El gobierno de Fernando de la Rúa reglamentó el nuevo Sistema Nacional de Seguro de Salud que entró a regir también a partir del 1º de enero.
La respuesta al nuevo sistema por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), dada a conocer por su titular, Rodolfo Daer, fue una convocatoria a un paro de 36 horas el 1º y el 2 de marzo de 2001.
La urgencia del gobierno por mostrar iniciativa política y cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del blindaje financiero de 40 mil millones de dólares, llevó a De la Rúa a elegir el camino del decreto.
Y las obras sociales no fueron la excepción. La reglamentación salió por la vía de un decreto común que contiene las pautas que deberán respetar los agentes del sistema, entre las que figuran la posibilidad de que los nuevos trabajadores puedan elegir obra social desde el primer día de empleo.
Por el régimen que entró ayer en vigencia, los afiliados a una obra social podrán cambiar de cobertura médica una vez por año y no podrán ser rechazados por la entidad que elijan.
El esquema garantiza a cada trabajador afiliado y a su grupo a cargo una cápita de 20 pesos, con la cual tendrá todas las coberturas establecidas en la Prestación Médica Obligatoria, que será igual para todos los agentes.
También establece una nueva escala de tipo progresivo para los aportes de los trabajadores al Fondo Solidario de Redistribución, en la cual los salarios más altos contribuyen en mayor proporción.
Este fondo servirá para subsidiar las prestaciones de las personas de menores ingresos y financiar los tratamientos de alta complejidad.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, el fondo pasará a contar con 540 millones de dólares anuales, lo cual implica una suba del 64 por ciento sobre los 360 millones que maneja en la actualidad.
Parte de ese dinero provendrá de una partida de rentas generales de la Nación igual a la recaudación del IVA sobre el sector salud.
El esquema brindará cobertura a aproximadamente 12 millones de personas y operará en un mercado en el que se manejan alrededor de 4.000 millones de pesos anuales.
La reglamentación fija entre otros puntos:
u El nuevo trabajador tendrá derecho a elección de obra social desde el primer día de empleo.
u Cupos para el traspaso de trabajadores de una entidad a otra, que será equivalente al 20 por ciento del padrón de la obra social receptora. En este esquema, una entidad que tiene 100 mil beneficiarios, podrá recibir 20 mil durante el 2001. Para el 2002, el cupo se ampliará al 40% del padrón, y así sucesivamente hasta llegar al 1º de enero de 2005, cuando no existirán límites.
u La entidad de origen tendrá que pagar a la que recibe las prestaciones de los afiliados con tratamientos largos, por el término de un año. Para esto se creará una lista de enfermedades de tratamiento prolongado, con un referencial de precios.
u Los agentes de salud en todos los casos deberán brindar el Plan Médico Asistencial Unico, que contendrá la totalidad de las prácticas y servicios comprendidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Además, se permitirán la cobertura de prestaciones médicas no esenciales así como planes con mejores condiciones de confort. En estos dos últimos puntos, los beneficios deberán ser autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud.
u Se abre el padrón para empresas de medicina prepaga.
u Para cambiar de obra social se podrá efectuar el trámite ante la Ansés, o bien directamente inscribirse ante el prestador elegido. En ambos casos se deberá efectuar el trámite en forma personal.
| |
La Ciudad
