Año CXXXIV
 Nº 48.984
Rosario,
domingo  31 de
diciembre de 2000
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El gobierno colombiano amenazó con suspender contactos con la guerrilla
Fuertes indicios de que las Farc fueron responsables del atentado que cobró la vida de un destacado congresista

Bogotá. - El proceso de paz en Colombia estaría en peligro si se comprueba que la principal fuerza guerrillera fue responsable de asesinar a un congresista y a otras cinco personas, advirtió ayer el presidente Andrés Pastrana. Si se demuestra que fueron las Farc lógicamente se pone en peligro el proceso de paz, porque este sería un golpe muy duro a las negociaciones, declaró el mandatario colombiano desde la caribeña ciudad de Cartagena. El presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Diego Turbay, y otras cinco personas, incluida la madre del legislador del opositor Partido Liberal, fueron asesinadas el viernes a balazos por un grupo armado en una carretera de una zona selvática del sudoeste del país.
El ejército y la policía acusaron del asesinato a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el principal grupo rebelde del país con 17.000 combatientes. Pastrana, quien ha hecho de la paz su principal gestión de gobierno desde que asumió el poder en 1998, mantiene conversaciones con las Farc y el más pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN), con miras a poner fin al conflicto interno más prolongado del hemisferio que dejó 35.000 civiles muertos en la última década.
Actualmente, las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc están suspendidas después de que el grupo rebelde decidió congelar el proceso a mediados de noviembre para exigir a Pastrana acciones para aniquilar a los paramilitares, sus archienemigos en medio del conflicto interno. Pese a las acusaciones de la policía y del ejército, las Farc han guardado silencio y no han admitido ni negado la autoría del crimen, el de más alto perfil en el último año, y que según políticos y analistas afecta el proceso de paz.
El crimen del legislador, que promovía desde el Congreso una solución negociada a la guerra interna, en la que intervienen rebeldes izquierdistas escuadrones paramilitares y las fuerzas de seguridad, se registró en una carretera del departamento del Caquetá. El ataque tuvo lugar cerca del poblado de Puerto Rico, en los límites de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados de sabanas y selvas que el gobierno desmilitarizó y cuyo control entregó a las Farc, hace más de dos años, para facilitar las negociaciones de paz que se iniciaron a comienzos de 1999 y que hasta ahora no han arrojado ningún resultado concreto.
Las fuerzas militares dijeron que los guerrilleros que asesinaron al legislador y a sus acompañantes luego de obligarlos a bajar del vehículo blindado en el que se desplazaban, huyeron hacia la zona desmilitarizada a donde no pueden ingresar las tropas gubernamentales. Pese a las acusaciones directas de las fuerzas armadas, Pastrana aseguró que hasta el momento su gobierno tiene serios indicios de que las Farc habrían sido responsables. La verdad es que hasta el momento el gobierno tiene serios indicios de que puede existir una responsabilidad por parte de las Farc, afirmó Pastrana. Por eso el país está esperando en este momento que si fueron las Farc, asuman la responsabilidad y entreguen a quienes cometieron este vil y este atroz crimen, agregó.
Pese a que las Farc suspendieron las negociaciones en noviembre, el gobierno prorrogó hasta finales de enero próximo el control de la zona que sirve de escenario para el proceso de paz. Las partes también trabajan en un acuerdo humanitario para intercambiar hasta 20 militares y policías capturados en combates por igual número de guerrilleros encarcelados y con problemas de salud.
Las Farc mantienen en su poder a por lo menos 450 miembros de las fuerzas armadas capturados en combates en los últimos tres años. Antes de la declaración del sábado, en su tradicional mensaje de Año Nuevo transmitido el viernes en la noche, Pastrana dijo que me la he jugado y me la seguiré jugando por la solución política del conflicto.



El legislador y otras cinco personas fueron asesinadas por la guerrilla.
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