El gobierno de la Alianza no se maneja con la justicia de la servilleta ni levanta el teléfono para llamar a jueces amigos, aseguró el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, al evaluar el primer año de la coalición UCR-Frepaso en esa cartera. El funcionario rechazó las críticas deslizadas por varios ex funcionarios de la gestión menemista, como María Julia Alsogaray, Antonio Erman González y Víctor Alderete, que hablan de una persecución en su contra.
Antes de finalizar el año, Cruchaga también hizo un balance en materia judicial: si bien se mostró conforme con los logros para agilizar el funcionamiento de los tribunales, admitió que todavía resta mucho camino y que la Justicia mantiene una crisis de larga data.
Al mismo tiempo, el funcionario prometió para el año próximo la creación de una escuela para jueces y la posibilidad de que haya encuentros con los magistrados para discutir temas que permitan unificar criterios.
Una vez más, Cruchaga también defendió a capa y espada al Consejo de la Magistratura de las críticas que ha recibido ese organismo en torno a una supuesta lentitud en sus procedimientos. Y no sólo consideró su labor como buena sino que afirmó que, en materia de acusación, han hecho mucho más de lo que consiguió en ese terreno el Congreso en toda su historia.
-Usted ha podido observar el funcionamiento de la Justicia desde el Congreso y desde el Consejo de la Magistratura durante gran parte del año. Desde hace pocos meses le toca mirarlo desde la perspectiva del Ministerio. ¿Cómo podría entonces evaluar este año de la Alianza en materia de Justicia?
-Nuestro primer objetivo estuvo destinado a asegurar la independencia del Poder Judicial. Resulta fácil decirlo pero en nuestro país, en los últimos 10 años, gran parte de los nombramientos en la Justicia tuvieron un fuerte padrinazgo político. Había descrédito y se hablaba de la Corte adicta al poder. Pero el presidente Fernando De la Rúa ha generado un cambio de rumbo en relación a los últimos años y no interfiere en la labor de la Justicia.
-El gobierno anterior decía lo mismo.
-En esta gestión, no se condicen las servilletas ni gastamos teléfono llamando a los jueces amigos. En medio de un fuerte descrédito de la Justicia, llegamos a una independencia de ese poder. Y fue un cambio cualitativo. Con respecto a la gestión anterior, fuimos el día y la noche. De todos modos, al sistema le falta eficiencia. Por eso se procedieron y se ratificaron las acciones para un programa de independización de Justicia que abarca varios frentes: la creación de un manual para acercar el derecho a la calle, los 12 juzgados modelo o la iniciativa sobre la calidad total del sistema.
-Con la creación de la Oficina Anticorrupción, se ha dado un debate en la Justicia federal, luego de que muchos jueces no la aceptaran como parte querellante.
-Creo que esto ya está superado. Se la ha aceptado como parte querellante en casi todos los juzgados, aunque no siempre de buena gana. Pero acá no es una cuestión de acostumbrarse. La OA está creada por ley y tiene una función que debe cumplir adecuadamente.
-¿Qué pasó con el nombramiento de jueces jubilados del que se había hablado a mitad de año?
-De las 120 vacantes que hay en el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura remitió 10 ternas de las cuales dos ya están en el Senado. Todavía están a tratar y recién en febrero comenzaría otorgarse un primer acuerdo para cubrir las vacantes. Por otra parte, el funcionamiento del Consejo puede calificarse de bueno. Hubo dificultades en el primer año y la resistencia al cambio dentro del Poder Judicial fue notoria. Pero se ha podido ir superando. En un año y medio, se hicieron seis acusaciones que dieron cuatro renuncias y dos jueces sometidos a enjuiciamiento. Uno de ellos terminó en remoción y el otro en sobreseimiento. Esto demuestra que ha hecho en esta materia más que el Congreso en toda su existencia. Porque desde 1860 hasta 1983, apenas se si llegó a una docena de juicios políticos. Y desde 1983 hasta 1998, fecha en que se creó el Consejo, la cifra fue similar.
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La Ciudad
