Al menos en los estrados judiciales, al senador que presentó su renuncia y pidió a sus pares que la rechazaran no le sale una bien. Aunque el propio Jorge Massat solicitó que fuese un juez de Reconquista quien investigue si usó el cargo para enriquecerse, la Cámara Federal de Rosario resolvió -al menos en una de las causas que tiene abiertas por ese motivo- que debe hacerlo un magistrado de Santa Fe. Es decir, justo lo que el ex titular del PJ santafesino no quería.
La decisión de la Cámara dejó mal parado a Massat, quien pretendía llevar todas las causas a su propio territorio, en el norte santafesino, para ser investigado por jueces a quienes se los vincula con él.
La resolución de los camaristas rosarinos Jaime Belfer, Hugo del Pozo y Edgardo Bello obliga al conjuez Eduardo Tejerina a quedarse con la causa iniciada por una denuncia contra Massat y su esposa, Liz Aurelia Fiant, por enriquecimiento ilícito. La acusación se refiere a la adquisición de una residencia en el barrio Guadalupe, en plena costanera de Santa Fe, que según el matrimonio Massat costó 80.000 pesos y que los operadores inmobiliarios valúan en un monto considerablemente mayor: entre 350 y 400 mil pesos.
La denuncia es de septiembre de 1999 y se radicó en el juzgado que está a cargo de Tejerina, quien en este caso se desempeña como conjuez. Sin embargo, en octubre de 2000 Tejerina se declaró incompetente y resolvió enviar la causa al juez federal de Reconquista, Eduardo Fariz. Lo hizo después de que Massat se presentara espontáneamente para sugerirle precisamente eso: que la investigación quedara a cargo de Fariz, quien por entonces ya tenía en su poder otras causas contra el senador por enriquecimiento ilícito iniciadas a partir de las denuncias del ex diputado provincial Jorge Dubouloy en mayo de 1999.
El fiscal ad hoc Alejandro Luengo se opuso a la decisión de Fariz de declararse incompetente y la apeló. Por eso intervino la Cámara Federal de Rosario, que ahora acaba de darle la razón a Luengo: para los magistrados locales, quien debe investigar a Massat es Tejerina y no Fariz.
El principal argumento de los camaristas es que un juez -en este caso Tejerina- no puede declararse incompetente cuando ni siquiera ha comenzado a investigar el delito por el que acusan al senador.
Un juez muy parcial
Claro que, a esta altura, una decisión distinta de la Cámara no necesariamente hubiera favorecido las intenciones de Massat, ya que Fariz debió apartarse de las causas iniciadas debido a las denuncias de Dubouloy por sus estrechos vínculos con el senador.
Fariz fue reemplazado por el conjuez Francisco Peralta, también de Reconquista, pero más tarde ambos fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por la sobrina política de Massat, Silvina Fantín. Al primero lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y mal desempeño de sus funciones por parcialidad manifiesta en favor del senador, y a Peralta por practicar un allanamiento supuestamente ilegal en su casa, ordenado por Fariz antes de dejar la causa.
Fantín es, precisamente, otra de las personas que denunció por enriquecimiento ilícito al ex intendente de Villa Ocampo y su esposa. Lo hizo ante un juez federal de Corrientes, y su denuncia sirvió de base para una ampliación de sus acusaciones presentada por Dobouloy en Reconquista.
Al igual que Fantín, quien acusó al juez Fariz de ser amigo de Massat, Dobouloy también cargó públicamente contra el magistrado de Reconquista por sus estrechos vínculos con el senador. Según el ex legislador provincial, dos hermanos del juez federal son accionistas de la papelera Ocampo, cuya propiedad atribuye a Massat y Fiant.
Independientemente de la resolución adoptada por la Cámara Federal de Rosario, el fiscal federal de Reconquista, Cristóbal Cavannagh, ya dictaminó que el presunto enriquecimiento ilícito de un senador no puede ser investigado en aquella ciudad por una cuestión de territorialidad (El Senado de la Nación está en Buenos Aires). Por esa razón, recomendó que las causas que originalmente tramitaba Fariz y que ahora están en manos de Peralta sean remitidas al juez federal Adolfo Bagnasco, de la Capital Federal, quien tiene a su cargo una investigación más amplia sobre el enriquecimiento ilícito de varios senadores nacionales.
La Ciudad
