Editorial

Lecciones del Paul Harris

Al margen de la confrontación y los cargos formulados por uno y otro sector, lo cierto es que lo vivido con el cierre de la EGB del Instituto Paul Harris de la cercana ciudad de Roldán deja dos lecciones que sería de utilidad no ignorar. Ello con el fin de no repetir errores conceptuales y formales, que siempre acaban causando choques estériles que resienten el sistema educativo.
La EGB del Paul Harris es la única privada de enseñanza no confesional de la zona, propiedad de su misma asociación cooperadora. Un dato fundamental a tener en cuenta es que para enviar a clase a sus hijos los padres abonaban una cuota mensual de sólo 15 pesos. Es decir, notoriamente menor a la de cualquier otro instituto particular de enseñanza. Hasta el mes pasado, en que dejó de funcionar por una decisión del Ministerio de Educación provincial, tenía 290 alumnos que, para completar su instrucción, serán distribuidos en otros colegios.
El cierre fue dispuesto como consecuencia de una auditoría ministerial que reveló que el personal docente no percibió haberes desde el inicio de sus actividades conforme a la ley y que la cooperadora -propietaria del establecimiento- no realizó nunca los aportes previsionales. En su descargo los dueños sostienen que por la dura situación económica resulta imposible el cobro de un arancel superior al mencionado. Además denuncian que, mediante dilaciones y promesas de llegar a buen puerto, las autoridades del ministerio los engañaron, pues su objetivo nunca habría dejado de ser otro que el de la clausura definitiva de las actividades.
Tal es, en apretada síntesis, el problema que enfrenta a sectores de la coqueta ciudad aledaña a Funes con las autoridades ministeriales. En el medio están los chicos que, inocentes absolutos, deberán pagar con el desarraigo falencias y arbitrios de los mayores.
Tal como se sostuvo al comienzo, el caso del Instituto Paul Harris de Roldán deja dos lecciones. Una dice que no se puede encarar un proyecto privado de educación, por más loable que sea su objetivo y bien armada su estructura, si no se cuenta con el financiamiento asegurado de forma total y más allá de los subsidios del Estado. Tal financiamiento sólo es factible mediante el pago del arancel por parte de los usuarios.
La otra lección refiere a que en el trato con la gente los funcionarios públicos están obligados a extremar los cuidados en cuanto a no fomentar falsas expectativas. Ni qué hablar de alguna eventual maniobra de engaño como las denunciadas.
Si estas dos lecciones son atendidas en tiempo y forma, es posible que una situación tan lamentable como la vivida en Roldán no se repita.