No es común que las víctimas de delitos terminen presas en una comisaría cuando van a denunciarlos. Pero ocurrió, y no fue por error. Sucedió cinco años atrás, cuando un policía encerró en forma arbitraria a dos muchachos porque no quería tomarles la denuncia. Y como además de inusual la práctica va contra las leyes, el agente fue condenado a cumplir un año de prisión condicional, estará inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años y por el mismo lapso deberá realizar trabajos no remunerados en favor del Estado.
Encerrar a un denunciante contradice el siguiente principio básico: la repartición está al servicio de la sociedad y no a la inversa. Así lo entendió el juez de Sentencia Antonio Ramos, quien condenó a Juan Pascual Moreno, un sargento de 45 años, por privación abusiva de la libertad. Si bien esa condena aún no está firme -ya que el fallo fue apelado-, la resolución no se ciñe a este caso concreto. De una vez debe acuñarse la idea de que «autoridad» no es «autoritarismo» ni «arbitrariedad», que la asistencia y atención de quienes solicitan la intervención de los funcionarios policiales debe realizarse, enfatizó en ella el magistrado, en tácita referencia a otros numerosos casos de abuso policial.
El hecho en cuestión ocurrió el 12 de marzo de 1995 en la localidad de Funes, y tuvo como víctimas a Marcelo Javier Mandón y Walter Cirrincione, quienes esa noche habían ido a un boliche con sus novias. Después de bailar fueron a un bar y allí se suscitó un incidente con un grupo de jóvenes, que golpearon a los muchachos.
Cuando terminó el ataque, estos se dirigieron directamente a la comisaría para denunciar el hecho. Es que conocían a uno de los agresores, sabían que vivía cerca de la seccional y pretendían que lo atraparan.
Sus expectativas se desvanecieron apenas pisaron la seccional 23ª. El agente que los recibió les dijo que debían esperar al sumariante o al superior de servicio, quienes llegarían tres horas más tarde. Los muchachos insistieron pero fue inútil. Lo más grave se desencadenó cuando le pidieron al suboficial que se identificara, y éste reaccionó con violencia. Nos agarró de los pelos y nos llevó al calabozo, precisó uno de los muchachos al realizar la denuncia judicial, luego de permanecer una hora dentro del penal, donde no había otros detenidos.
Tampoco se encontraban otros uniformados en la seccional. El único allí presente era Moreno. El mismo admitió que no le prestó tanta importancia al pedido de los jóvenes, a pesar de que solía recepcionar denuncias. Para el juez, esto reveló su marcado desinterés por la problemática, porque el conflicto merecía atención.
Cinco minutos en el baño
De todos modos, el policía negó haber apresado a los denunciantes. Dijo que sólo los acompañó al baño, y que no estuvieron allí más de cinco minutos. Pero los muchachos describieron la celda con minuciosidad y precisión. Algo que no podrían haber hecho si no los hubieran encerrado allí.
El anecdótico incidente, para Ramos, no está desvinculado de otros frecuentes casos de abuso de autoridad policial: Lamentablemente estos episodios no son aislados y por ende deben ser drásticamente reprobados. Deben democratizarse todas las instituciones y rediscutirse cotidianamente el rol de la seguridad. El estado debe erradicar la violencia pero antes debe hacerlo desde sus propias instituciones, señaló el juez.
La Ciudad
