Manila. - El presidente filipino, Joseph Estrada, recibió ayer un nuevo golpe en el marco del proceso de destitución abierto en su contra, al afirmar una testigo sorpresa de la acusación que el político utilizó cuentas bancarias secretas para ocultar su patrimonio. Clarissa Ocampo, vicepresidente senior del banco Equitable PCI, señaló que el 4 de febrero de este año ella presenció la firma por parte de Estrada de contratos. La testigo lo acusó además de haber invertido diez millones de dólares en la empresa de un amigo sin que su contribución figurara en el balance de la compañía.
El presidente, que en el pasado fue actor, respondió a las acusaciones: No sé de qué habla esa mujer. Dejen que contesten mis abogados. Estrada es el primer presidente asiático inmerso en un proceso de destitución. El tribunal lo acusa además de haberse embolsado 500 millones de pesos (alrededor de diez millones de dólares) por proteger a la industria del juego ilegal y de haberse apropiado a su vez de impuestos sobre el tabaco. La acusación sostiene que Estrada, de 63 años, utilizaba el seudónimo de Jose Valverde en el banco Equitable PCI para esconder sus supuestos ingresos por estos conceptos.
El tribunal, compuesto por senadores y encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Hilario Davide autorizó ayer por unanimidad la declaración de la testigo antes de que comience el calendario acordado por las partes. La defensa intentó evitar la presentación del testimonio de Ocampo alegando que sólo condicionaría a la sociedad filipina para condenar de antemano a Estrada, pero el tribunal dio luz verde a la solicitud de la acusación. No se espera un veredicto hasta fines de enero de 2001.
Millonarios sobornos
El juicio se origina en denuncias de que Estrada aceptó 8 millones de dólares en sobornos de pandillas de apostadores ilegales y que se apropió de unos 2,6 millones de dólares de fondos procedentes de impuestos al consumo.
Estrada será depuesto si se le condena por cualquiera de los cargos, que incluyen corrupción, soborno, traición de la confianza ciudadana y violación premeditada de la Constitución.
El gobernante niega haber cometido ilícito alguno. Es necesario el voto de los dos tercios de los 22 miembros del Senado para condenarlo y cesarlo en el cargo. Ocampo dijo que ella fue al palacio presidencial de Malacanang en febrero, con un acuerdo para inversiones por 10 millones de dólares. El presidente, Joseph Ejercito Estrada, respondió ella, a la pregunta de un abogado de la fiscalía sobre quién firmó el acuerdo bajo el nombre de Jose Velarde.
La Ciudad
