Pasó el susto, pudo decir el ministro de Producción, Miguel Paulón, luego de que el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad agroalimentaria (Senasa), Víctor Machinea, asegurara que la enfermedad detectada en un rodeo de 70 animales que arribó la semana pasada a la provincia no era aftosa sino IRB, un complejo viral que se expresa clínicamente con síntomas similares a los de la aftosa. La detección de un brote de la enfermedad, en momentos en que se aceleran las gestiones para que Estados Unidos tome la demorada decisión de reabrir su mercado a las carnes argentinas, hubiera significado un retroceso en la lucha encarada desde agosto, cuando aparecieron animales seropositivos en las provincias del nordeste. Al cierre de esta edición, el secretario de Agricultura, Antonio Berhongaray, tenía previsto reunirse con su colega estadounidense, Dan Glickman, y se esperaba que el encuentro sirviera para cristalizar la reapertura del mercado a Estados Unidos. Más allá de las aclaraciones del Senasa respecto del caso santafesino, lo sucedido encendió el alerta para reforzar las tareas de vigilancia. El propio titular del organismo admitió que existe una extensa zona en la frontera con Paraguay (de donde se sospecha que llegaron las vacas infectadas en agosto pasado) que requiere de una intensificación de los controles. En la misma línea, entidades de la producción intensificaron los reclamos para extremar los controles y pidieron una investigación oficial efectiva para encontrar y castigar los responsables de la aparición de animales seropositivos en agosto pasado. Pedimos información al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) sobre la investigación que dio lugar a sus presentaciones ante la Justicia pero su respuesta nos decepcionó porque no nos dio nombres, dijo esta semana el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Enrique Crotto. En una conferencia de prensa ofrecida el miércoles, Crotto explicó que la investigación oficial detectó irregularidades en los documentos que amparan el movimiento del ganado pero no identificó a los autores del contrabando que desencadenó la emergencia sanitaria y provocó fuertes perdidas a la exportación de carnes. Ahora nos dirigimos al juez de Paso de los Libres (Corrientes) donde el Senasa radicó la denuncia para obtener más información porque el contrabando es un delito y alguien tiene que ir preso, enfatizó Crotto. Por su parte, desde Santa Fe, la Federación Agraria Argentina (FAA) reclamó sanciones para los culpables de la aparición de casos con serología positiva de aftosa en animales presuntamente ingresados ilegalmente desde Paraguay. Con honda preocupación seguimos observando la lentitud de la Justicia ante los responsables de haber reincorporado al territorio nacional el flagelo de la aftosa, tras décadas de ingentes esfuerzos e inversiones de los productores y del Estado hasta lograr su erradicación, comienza el comunicado. La Federación Agraria menciona la investigación iniciada por el Senasa pero advierte que la evidente impunidad que hasta el presente ampara responsables estaría dando continuidad a procedimientos similares por parte de acopiadores de ganado, poniendo en alto riesgo la definitiva erradicación de la aftosa y distorsionando el mercado. No pueden seguir sin sanción los culpables de aquel episodio y los que podrían estar ocurriendo en la actualidad. Es decir, no debe haber paraguas de protección para quienes ocasionaron y podrían estar provocando aún graves perjuicios a la ganadería argentina, concluye la entidad.
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