La Tablada: no descartan medidas excepcionales

El gobierno nacional condicionó ayer la posibilidad de adoptar medidas de carácter excepcional con respecto a la situación de los presos de La Tablada, en huelga de hambre desde hace 106 días, a que la inacción de los otros dos poderes del Estado conduzcan a un irreversible incumplimiento de las obligaciones internacionales.
Si las circunstancias tornaran inevitable la adopción de medidas de carácter excepcional por parte del Ejecutivo, resulta evidente que ello sólo tendría justificación una vez comprobado que la acción o inacción de los otros dos poderes del Estado conducen a un irreversible incumplimiento de sus obligaciones internacionales, indicó la Cancillería al responder, en un escrito, a los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
El gobierno abrió de esta manera la posibilidad de firmar un decreto de revisión de las causas aplicando el dos por uno, lo que permitiría la libertad de los condenados ante la falta de respuesta por parte de los poderes Legislativo y Judicial. Otra de las posibilidades con las que cuenta el Poder Ejecutivo Nacional es indultar a los presos de La Tablada, opción que siempre fue descartada por el gobierno nacional.
Hacerlo con anterioridad hubiese podido significar privar al Honorable Congreso de la Nación de la oportunidad de legislar de conformidad a los tratados suscriptos por nuestro país y sustraer a los propios Tribunales Nacionales la facultad de garantizar su plena vigencia y aplicación, agregó la Cancillería.
También reafirmó su voluntad de cumplir sus compromisos internacionales y garantizó que serán las instituciones jurisdiccionales del país las que reconocerán finalmente a los peticionarios el derecho fundamental de recurrir del fallo ante un tribunal superior y del que hasta hoy han sido privados.
La Cidh había enviado una nota el 11 de este mes, en la que reclamaba al gobierno urgentes medidas para los detenidos por el caso de La Tablada.
En la respuesta enviada a Washington por la Cancillería se hace hincapié en las medidas adoptadas por el gobierno nacional para intentar cumplir con los compromisos internacionales. En ese sentido, en el escrito se mencionó el proyecto de ley que envió el presidente Fernando de la Rúa al Congreso de la Nación para habilitar el derecho de los detenidos de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior.
Ante la ausencia de respuestas por la vía legislativa, el escrito de la Cancillería reseñó que el presidente instruyó al Procurador General del Tesoro, Ernesto Marcer, para que recurriera ante la Justicia a fin de evitar que el Estado Nacional pudiera ver comprometida su responsabilidad institucional internacional.